La Constitución Política de Colombia, puesta en funcionamiento en el año 1991, establece que los departamentos (estados) que conforman política y administrativamente el cuerpo del Estado, gozan de completa autonomía fiscal y tributaria en cuanto a la gestión de sus recursos económicos.

En criollo: los departamentos y alcaldías en Colombia pueden dirigir sus territorios de la forma en que mejor les parezca de acuerdo a «sus intereses», según expresa el mismo texto constitucional.

El departamento Norte de Santander, y en específico la alcaldía de Cúcuta, bajo este esquema de organización privada conocida como descentralización, han llevado a cabo un conjunto de maniobras legales y administrativas, apegadas a derecho, con el propósito de legalizar el contrabando desde Venezuela.

Del otro lado de la frontera, la criminalidad económica es el imperativo legal más importante.

Bajo este parámetro la Sociedad Central de Abastos de Cúcuta, S.A. (Cenabastos), la principal empresa comercializadora de mercancías de la ciudad, centraliza(ba) y nacionaliza(ba) los productos contrabandeados a gran escala desde Venezuela. Incluso el canal ultraderechista colombiano Noticias Uno no pudo evitar mencionar durante un reportaje que una gandola proveniente del estado Táchira descargó su mercancía en dicho establecimiento, ubicado a pocos minutos de la frontera.

Cuando este monopolio comercial expendía los productos venezolanos (desde champú, pasando por cemento y carne, hasta pasta y atún) que reposaban en sus depósitos a los comercios cucuteños, lograban la nacionalización por la vía de los hechos con el visto bueno de la alcaldía, institución que se beneficia(ba) administrativamente días después cobrándole impuestos a la empresa y a los consumidores a través del IVA.

La tolerancia aduanera con relación al contrabando de extracción es sólo una pequeña parte de la estafa legalizada al otro lado de la frontera si se le compara con la recaudación fiscal dirigida a expandir la corruptela presupuestaria de la ciudad a través de la venta nacionalizada de productos venezolanos. Son, básicamente, dos mecanismos paraeconómicos que trabajan en simultáneo para mantener a Cúcuta tan linda como un sol, pues a apartir de allí se financian los proyectos que mantienen a la ciudad como un destino turístico.

En el tema del combustible sucede lo mismo. Como la alcaldía de Cúcuta tiene total y absoluta autonomía para regular la actividad económica de la ciudad, legalizó en el año 2008 la creación de la Cooperativa Multiactiva de Pimpineros de Norte de Santander (Coomulpinort). Pero decir que los pimpineros de Cúcuta son los responsables del contrabando de gasolina, implica omitir la actuación de cárteles semiprivados que ostentan una capacidad de daño económico a nuestro país mil veces mayor.

Según el marco legal del Ministerio de Minas de Colombia, más específicamente en la Ley 681 promulgada en el año 2001, «Ecopetrol S.A. (la principal empresa petrolera del país vecino) puede ceder o contratar, total o parcialmente, con mayoristas o terceros, la importación, transporte, almacenamiento, distribución o venta de combustibles».

Ecopetrol empleó en condición de esclavitud a la Cooperativa Multiactiva de Pimpineros de Norte de Santander, bajo la denominación de «mayoristas o terceros», para que le hiciera el trabajo pesado a la estatal colombiana de contrabandear gasolina desde Venezuela.

La legalización del contrabando de gasolina comenzó con una simple cooperativa de la ciudad de Cúcuta y terminó de consolidarse en las más altas esferas del poder público colombiano. Vale recordar que el alcalde de Cúcuta en su intento de legalizar hasta el último detalle del contrabando de extracción en un arrebato de ultraeficacia criminal, al igual que con Cenabastos, le cobra a los pimpineros que trafican con gasolina venezolana una «sobretasa» del 10% del valor de cada pimpina.

Cuando se pavimenta la redoma del aeropuerto o se cambian los bombillos del Centro Comercial Tennis Park Plaza, el financiamiento directo que ofrece el contrabando de extracción y su corretaje esclavista al presupuesto hacía que la ciudad brillara con luz lejana.

A raíz de este proceso de tercerización, Ecopetrol transporta y se beneficia directamente de la distribución y venta del 80% de la gasolina venezolana en casi todos los departamentos de Colombia, además de aumentar su oferta exportadora sin necesidad de refinar ni un solo litro, puesto que vende internacionalmente como suya la gasolina que refina Pdvsa.

Siendo Cúcuta una zona franca atractiva para las estafas más aberrantes del aparataje económico criminal de Colombia, la Resolución Externa Nº8 del Banco de la República encontró allí un espacio para legalizar las casas de cambio y, en consecuencia, el ataque sistemático a la moneda venezolana.

Dicha resolución se puso en funcionamiento en el año 2000 durante la presidencia de Andrés Pastrana. El artículo 70 reza lo siguiente: «Los intermediarios podrán convenir operaciones de compra y venta de divisas de contado para su ejecución dentro de los tres días hábiles inmediatamente siguientes y anunciarán diariamente las tasas de compra y de venta que ofrezcan al público para sus operaciones a través de ventanilla».

Al no haber ningún instrumento jurídico que obligue a Cúcuta a tomar como referencia cambiaria la tasa oficial del Banco de la República, las casas de cambio cuentan con toda la permisología (mal)habida y con todo el respaldo administrativo del alcalde para devaluar el bolívar y favorecer abiertamente el contrabando de billetes y de productos.

Llegó el momento de que esta legalidad malsana y criminal busque su propia luz interceptando el cableado del Palacio de Nariño.

Misión Verdad