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Con el voto de 55 de sus 81 miembros, el Senado de Brasil aprobó en la madrugada de este jueves un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, una maniobra que, de facto, implica la suspensión en el cargo durante seis meses, mientras se lleva a cabo el proceso.
Telesur reseña que tras una jornada de 20 horas, la votación fue de 55 senadores a favor, 22 en contra y 1 abstención (78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado) a favor del juicio contra la Presidenta electa en 2014 por más de 54 millones de brasileños.
El proceso, que se inició con una decisión de la Cámara de Diputados que fue anulada luego de la destitución por corrupción del presidente de esa instancia, carece de los fundamentos legales establecidos en la constitución brasileña. “Quiere construirse una fantasía retórica para destruir a una Presidenta legítima. Hay un golpe con derecho a la defensa”, denunció el abogado de Rousseff, Eduardo Cardozo.
Explicó que no existe crimen de responsabilidad contra la Presidenta y que el informe presentado por el relator del impeachment justifica una intención política para inhabilitar a la jefa de Estado.
De acuerdo con la información de Telesur, la Presidenta dará un mensaje a la nación este jueves a las diez de la mañana (nueve de la mañana en Venezuela), y tras dejar el Palacio del Planalto, sede del gobierno, se dirigirá alPalacio de Alvorada, la residencia oficial, desde donde preparará su defensa.
Durante la suspensión de Rousseff corresponde asumir la presidencia al vicepresidente Michel Temer, uno de los impulsores —junto al destituido presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha— de la maniobra golpista, y sobre quien pesa también un proceso de impeachment.
Se prevé que el juicio contra la jefa de Estado se inicie a mediados de este mes, si se impide el golpe y se declara la inocencia de Rousseff, ella retomará sus funciones, en caso contrario será reemplazada hasta el fin de su mandato en 2018.
La acusación central contra Rousseff para justificar el juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015, una falta que no ha sido probada y que además no constituye un crimen de responsabilidad, una condición sine qua non exigida por la Constitución brasileña para intentar un impeachment.
AVN