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1. Las sanciones y sus motivos

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso este jueves sanciones al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y a otros siete miembros de la Sala Constitucional, bajo el argumento de que «miembros del Tribunal Supremo de Justicia han exacerbado la situación interfiriendo continuamente en la autoridad del legislativo», según lo comentado por el banquero Steve Mnuchin, actual Secretario del Tesoro.

A través de la OFAC fueron agregados a la lista de sancionados de Venezuela los magistrados Maikel Moreno, presidente del TSJ, Luis Fernando Damiani Bustillos, Arcadio Delgado Rosales, Gladys Gutiérrez Alvarado, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta de Merchán. La medida ordena la congelación de bienes en Estados Unidos de los ocho jueces, sin mostrar ninguna prueba o evidencia que certifique la existencia de los mismos.

Las sanciones del Departamento del Tesoro estuvieron acompañadas además de un conjunto de señalamientos que criminalizan las instituciones venezolanas, no sólo obviando la coyuntura económica y el sabotaje al que es sometido el país mediante las guarimbas, sino también la situación de desacato del parlamento, en un esfuerzo por legitimar los tres intentos de golpe de Estado encabezados por la oposición en el poder legislativo y la violencia interna.

Esta es la segunda sanción del Deparamento del Tesoro contra importantes funcionarios del Estado venezolano en el año 2017 (la primera fue el 13 de febrero contra el videpresidente Tareck El Aissami), enmarcadas en 105 acciones y declaraciones hostiles por parte del gobierno de Estados Unidos (Departamento de Estado y el Congreso) y la renovación de la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EEUU.

2. El marco de asedio

Sin lugar a dudas, las agencias del gobierno de Estados Unidos asumen una postura cada vez más dispuesta a establecer mecanismos unilaterales y coercitivos contra Venezuela. La acción acompasada del Departamento del Tesoro, conjuntamente con instancias como la OEA y el Departamento de Estado de EEUU, revisten en sí mismas acciones de propaganda y deslegitimación articulada contra las instituciones venezolanas.

La acción del Departamento del Tesoro entendida como una sanción unilateral contra funcionarios venezolanos sienta un peligroso precedente, al ser esta la primera vez que miembros del Poder Judicial venezolano son objeto de una afrenta institucional y una clara actuación de tutelaje desde EEUU. Las sanciones son contra el Estado venezolano y su Constitución.

La medida en esencia es un tiro por elevación para condicionar e influir en el comportamiento de las instituciones venezolanas, a base de amenazas e intimidaciones, con el objetivo de forzarlos a asumir posturas favorables a los factores de la oposición venezolana.

Es necesario recordar aquí que sus vocerías más resaltantes (Freddy Guevara y Julio Borges) han planteado como objetivo táctico del golpe de Estado presionar a distintas instituciones venezolanas -como la Defensoría del Pueblo y el TSJ- para que desconozcan al presidente Nicolás Maduro. Al no poder lograr estos objetivos a casi dos meses de violentas protestas que ha cobrado la vida de más de 40 venezolanos y una aguda campaña internacional, las sanciones del Departamento del Tesoro vienen a intentar compensar lo que el antichavismo no ha logrado por mérito propio. Al menos para sentar un precedente en contra del TSJ a escala internacional sirven estas sanciones, en contra de la principal línea de defensa institucional ante los intentos de golpe parlamentario.

Asimismo estas acciones buscan acelerar otro proyecto de sanciones (esta vez capitaneado por el traficante de armas John McCain y Marco Rubio desde el Senado de EEUU), que bajo la mampara de «ayuda humanitaria» dotarían de recursos financieros y logísticos a la oposición venezolana y ampliarían el radio de funcionarios sancionados.

3. La intervención cada vez más evidente de EEUU y la declaración de Rusia

Nuevamente se confirma el escenario -experimentado en 2014- de que si el antichavismo se precipita a un escenario de desgaste que motoriza acciones de violencia mucho más agresivas, instituciones de Estados Unidos activan sus recursos de coerción e intimidación para brindar los soportes internacionales necesarios para que marche a mayor velocidad la agenda del golpe.

Otra cuestión a señalar es el carácter estratégico de la instancia judicial venezolana en tiempos en que se intenta fragmentar al Estado. Su rol de rectoría política y legal del ordenamiento institucional venezolano es la piedra angular y objeto medular de la intimidación. Bastante paradójico es que el Departamento del Tesoro asuma una posición de tutelaje, de jueces y verdugos de la institución judicial venezolana, determinando por cuenta propia su apego o no a la Constitución y el funcionamiento de los poderes nacionales.

Sigue estructurándose y completándose un marco de agresión que, en este caso, se consolida como nuevo precedente en un conjunto de situaciones de escalada, que cada vez más avivan el rol activo de EEUU en la producción de un desplazamiento del poder político en Venezuela.

La actuación del gobierno estadounidense en este caso es claramente transgresora de las leyes internacionales al vulnerar el carácter soberano de este poder público venezolano, atizando al mismo tiempo las situaciones-conflicto que se desarrollan en Venezuela al iniciarse hace más de un mes días una escalada de violencia y desestabilización. Este señalamiento lo ha hecho la canciller venezolana Delcy Rodríguez. «La autoría y dirección de EEUU en la desestabilización de Venezuela, su Estado de Derecho y contra la paz han quedado en evidencia otra vez», señaló Rodríguez desde su cuenta en la red social Twitter.

Los nuevos formatos (más baratos y sofisticados) de golpe apoyados por Estados Unidos en el continente pasan por el uso de las instituciones judiciales y legislativas en contra de los Estados (casos Brasil, Honduras y Paraguay). Estas sanciones son políticas y tienen como objetivo repetir ese mismo escenario en Venezuela, dado que el TSJ no se encuentra bajo su control para permitir que las maniobras de golpe parlamentario de la oposición venezolana se cristalicen.

Los objetivos de las sanciones del Departamento del Tesoro son el Estado venezolano y la Constitución. Van contra toda barrera política e institucional que defienda al país de la violencia fabricada por sus operadores internos.

En paralelo a estas sanciones la cancillería rusa condenó a través de su portavoz María Zajárova la injerencia destructiva contra Venezuela, hizo un nuevo llamado a la oposición venezolana a sentarse a dialogar y se ofreció como mediadora en el conflicto si Venezuela lo solicita. Una muestra significativa de cómo el conflicto venezolano adquire su pulso fundamental en la geopolítica global entre potencias tradicionales (EEUU) y emergentes (Rusia y China), erigiéndose como una zona de influencia clave para el rumbo político del continente. Ya el mes pasado el jefe del Comando Sur, Almirante Kurt Tidd, mostraba preocupación porque EEUU estaba perdiendo influencia en Latinoamérica ante aliados alternativos como Rusia y China.

Esta clave explica por sí sola la agresividad de las sanciones contra Venezuela.

Misión Verdad