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16.Jun.2017 / 09:56 am / Haga un comentario

Foto: Misión Verdad

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Durante una audiencia en el comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Rex Tillerson afirmó que el Ejecutivo estadounidense trabaja “con el Departamento del Tesoro para desarrollar una lista muy robusta de individuos” para sancionar, en respuesta a la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, quien le pidió que “incluya a más violadores de derechos humanos” en las sanciones estadounidenses contra Venezuela, reseñó la agencia EFE.

Como resultado de las presiones del lobby anticubano y antivenezolano en EEUU abanderado por figuras como Ileana Ros-Lethinen y el senador Marco Rubio, el Estado profundo doblega a la administración Trump llevándola por los mismos derroteros conocidos en las gestiones Bush y Obama, que enfilaron acciones coercitivas contra el chavismo, intentando con ello no sólo doblegar el proceso político venezolano, sino también a la propuesta regional y peso geopolítico de Venezuela en la región latinoamericana y caribeña.

Tillerson y Pdvsa en la mira

La ruta del golpe de Estado contra el Presidente Maduro pasa por Rex Tillerson (ex gerente general de la petrolera ExxonMobil), quien desde su actual cargo no se ha desprendido -como es usual en EEUU- de sus compromisos como agente del corporativismo energético y los lobbys que le han permitido representar la política exterior de la gestión de Donald Trump. No está demás subrayar que las acciones lesivas a la estabilidad venezolana provenientes de EEUU se han acrecentado dramáticamente desde el ascenso de Trump.

El actual Secretario de Estado sirvió durante 40 años a la transnacional estadounidense ExxonMobil (anteriormente Standard Oil). En su gestión como director ejecutivo de ese gigante petrolero, Tillerson intentó despojar a Venezuela de 12 mil millones de dólares en una demanda contra la nacionalización (en 2007) de la Faja Petrolífera del Orinoco y, de manera ilícita, inició en 2015 trabajos de perforación en las costas de la Guayana Esequiba, área en controversia entre nuestro país y la vecina Guyana.

Tillerson tenía un año en la dirección ejecutiva de la petrolera cuando el presidente Hugo Chávez firmó el decreto que establecía la formación de empresas mixtas en la Faja, que beneficiaba al Estado con la mayoría accionaria de al menos un 51%. Todas las empresas aceptaron las nuevas reglas del juego menos dos estadounidenses, entre ellas ExxonMobil.

Diversas fuentes e “informes de prensa”, en una especie de cadena de rumores aún no confirmados por fuentes oficiales, afirman que Trump, por medio de Tillerson, está considerando incluso sanciones contra el sector energético de Venezuela, aplicables en territorio estadounidense, pese a que la Casa Blanca aún no ha confirmado esa decisión.

En una nota de Lucia Kassai para la agencia financiera Bloomberg, se especula sobre los “rumores” de sanciones de la administración Trump por “la movida de Maduro, al convocar una redacción de una nueva Constitución”. Según Bloomberg, las sanciones irían directamente contra el corazón de la estatal venezolana Pdvsa en EEUU, Citgo, la cual no podría comprar ni procesar petróleo extraído en suelo venezolano, lo que en consecuencia implicaría un aumento significativo de sus costes. Esto infiere un veto a la importación de petróleo venezolano a suelo estadounidense, unos 740 mil barriles por día.

Las sanciones tras bastidores

Sobre las sanciones del gobierno norteamericano contra Venezuela, hay algunas claves a sopesar:

1. Las sanciones dirigidas focalmente contra funcionarios venezolanos intentan atemorizar e influir en altos funcionarios, forzar defecciones y pérdida de respaldo al Gobierno nacional. En esencia, consiste no sólo en meros actos de intimidación, revisten en sí mismas sanciones claramente diseñadas para desestabilizar la esfera gubernamental venezolana, como lo hiciera el pasado 18 de mayo con las sanciones del Departamento del Tesoro contra 8 magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El enfilamiento de baterías contra este poder del Estado venezolano, hoy adquiere su correlato en la decisión ilegal de la Asamblea Nacional (en desacato) de nombrar nuevos magistrados utilizando como sponsor los recursos que ha introducido la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, rechazados por la máxima instancia judicial del país por extralimitar sus funciones y ser inconsistentes jurídicamente, al solicitar no sólo destituciones sino la nulidad de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Un dato importante: la Fiscal General Luisa Ortega Díaz solicitó la destitución de 7 magistrados previamente sancionados por el Departamento del Tesoro en mayo de este año.

Esas acciones crearían además incentivos a las acciones violentas perpetradas por el antichavismo en territorio venezolano, que se asume respaldado desde el extranjero, reproduciendo con ello una matriz de deslegitimación de la dirigencia chavista y estimulación del conflicto armado paramilitarizado y dosificado que sigue en vigor en Venezuela.

2. Aunque el gobierno estadounidense no ha admitido (pero tampoco descartado) sanciones energéticas contra Venezuela, es necesario sopesar la viabilidad política de este tipo de acciones. Según EFE, en sus deliberaciones ante el Congreso, Tillerson subrayó que aunque su gobierno va a seguir “muy implicado” en los esfuerzos regionales para presionar por una solución a la crisis política en Venezuela, “especialmente” en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), también quiere ser cauto en su gestión del tema.

La estrategia de Washington debe ser “productiva y constructiva” para evitar ser “utilizados por el régimen de Maduro como una herramienta para justificar sus acciones”, aseguró Tillerson.

En esencia, una acción abierta contra el corazón de la economía venezolana se enmarcaría en un contexto de desesperación total y pérdida de todo desparpajo desde la Casa Blanca, en su mapa injerencista sobre Venezuela. Hoy reconocen que tales acciones afectarían seriamente los pisos de respaldo al antichavismo nacional e internacional, justo en un contexto de golpismo abierto contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

3. Tillerson declara sobre Venezuela y anuncia nuevas sanciones frente al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en el Congreso norteamericano, donde entre otras deliberaciones se discutió sobre el presupuesto de la Usaid 2018, mecanismo financiero mediante el cual el Departamento de Estado ha sostenido la acción injerencista en el mundo.

Tillerson, para recibir apoyos que consoliden la aprobación de los presupuestos, ha tenido que fijar postura sobre Venezuela frente a figuras claves en el manejo de esos fondos, como es el caso de Ileana Ros-Lehtinen. Es esa una situación de propiedad excepcional, entendiendo que Venezuela es ahora un factor de prioridad en la justificación del uso de los recursos del principal fondo y talante del intervencionismo transnacional, la Usaid, un fondo que además de contar con recursos del Estado norteamericano, cuenta con el patrocinio directo de empresas como ExxonMobil. En esencia, Exxon paga el golpe de Estado contra Venezuela.

Estas amenazas y futuras sanciones puestas sobre el tablero a su vez deben ser comprendidas como una reacción ante el pulso político local e internacional que va tomando el conflicto venezolano. La falta de consenso a lo interno de la OEA para escalar la presión internacional contra el Gobierno venezolano y el desgaste en la movilización de calle por parte de la oposición, obligan al Departamento de Estado a involucrarse de forma más directa en los asuntos internos del país en beneficio de sus operadores políticos.

Misión Verdad

 

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