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Foto: YVKE Mundial
Recientemente, una posible decisión de la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de los Estados Unidos se ha sumado como un nuevo factor de preocupación para los planificadores del cambio de régimen en Venezuela.
Todo empezó con el nombramiento de una junta paralela e ilegal de PDVSA y Citgo, su filial en los Estados Unidos, por parte del gobierno artificial de Guaidó. Esto derivó en la presentación de un recurso ante la Corte de Apelaciones sobre una decisión tomada por el juez federal de distrito de Wilmington, Delaware, Leonard Stark.
Stark, en agosto del año pasado, falló a favor de la minera canadiense, Crystallex, que desde hace varios años lleva adelante desde distintas instancias un litigio para recuperar 1.400 millones de dólares tomando activos de Citgo, tras la expropiación realizada por el gobierno venezolano al proyecto aurífero en Las Cristinas.
Meses después trascendió que un acuerdo entre PDVSA y Crystallex se llevó a cabo, para luego romperse, reiniciando el litigio en la corte de arbitrajes del Banco Mundial que benefició a la empresa canadiense.
La decisión del juez federal, que autoriza a Crystallex a reclamar activos de Citgo, «no significa que Crystallex asumirá el control de Citgo o la operación de sus refinerías», dando al Estado venezolano la oportunidad de apelar. El rasgo clave de esta orden judicial, fue que Citgo fue intrpretada como un «alter ego» del gobierno venezolano, lo cual autorizaría el reclamo de la minera.
Justamente esa es la decisión que el equipo de Guaidó busca revertir. De acuerdo con documentos obtenidos por Voz de América, «en marzo, el gobierno interino de Juan Guaidó intervino en el caso para pedir al juzgado no poner en peligro la política exterior de Estados Unidos al impedir la habilidad de Guaidó para completar la transición de la república [de Venezuela] a la democracia».
Los tres jueces que llevan el caso, Anthony Scirca, Joseph Greenway y Thomas Ambro, se mostraron escépticos ante los argumentos por sus confusos efectos legales.
El equipo de Guaidó busca una apelación que catalogue a Citgo y al gobierno venezolano como entidades diferentes, lo cual le pemitiría al «interino» tomar control de la filial y hacer efectivo control, cosa que aún no ha sido posible por el fallo del juez Stark. Si la Corte respalda el fallo de Delaware, la figura como «presidente encargado» de Juan Guaidó, sostenida por el gobierno estadounidense, no tendría efectos prácticos, puesto que el control de la empresa continuaría en manos de la administración de Maduro.
Actualmente pesan sanciones punitivas contra Citgo, a la que le han prohibido el envío de diluyentes a Venezuela así como la repatriación de sus ganancias, el acceso a cartas de crédito y su propia venta o utilización como mecanismo de financiamiento. Esto ha limitado enormemente la capacidad de control del gobierno venezolano.
En días recientes el presidente Nicolás Maduro denunció el «robo de Citgo a través de un endeudamiento totalmente ilegal, y así se va a demostrar cuando ganemos los juicios en Estados Unidos y que nos devuelvan la empresa Citgo a propiedad del Estado venezolano como es, se va a demostrar».
El mandatario complementó afirmando que «es un crimen lo que están haciendo con Citgo, mil trescientos millones de dólares, están haciendo negocios, por lo menos el 10 por ciento le llega a los bolsillos de los ladrones, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de la derecha».
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