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Foto: Cortesía Comité de Víctimas de la Guarimba
Integrantes del Comité de Víctimas de la Guarimba solicitaron al Parlamento Europeo apoyar la labor de la Comisión de la Verdad en Venezuela, destinada a para examinar a fondo y esclarecer los hechos de violencia que generaron sectores de la derecha en 2014, y respaldar el proceso de diálogo promovido por el Gobierno con sectores de oposición.
Zoraida Bravo, integrante del citado comité, subrayó ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento, en Bruselas, Bélgica, que debe hacerse justicia y sancionar a los responsables que causaron la muerte de 43 personas y dejaron a más de 800 lesionados durante las acciones violentas de 2014, reseña una nota de prensa del comité.
Bravo, madre del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Ramzor Bracho, asesinado el 12 de marzo de 2014 en Valencia, estado Carabobo, manifestó: «Sentimos que este Parlamento no nos ha acompañado como víctimas a promover procesos de verdad y justicia en nuestros casos sino que ha abogado, en reiteradas ocasiones, por la libertad de las personas detenidas por estos delitos, clasificándolos como presos políticos».
Las víctimas, además, alertaron al Parlamento Europeo sobre la persistencia de sectores interesados en seguir promoviendo acciones violentas en Venezuela y reeditar los hechos que causaron la muerte a sus familiares.
El comité de víctimas está integrado por familiares de los venezolanos que perdieron la vida durante la ola de violencia suscitada entre 2013 y 2014, como parte del golpe continuado generado en el país por sectores de oposición.
En abril pasado, el presidente Maduro instaló una nueva Comisión de la Verdad, con el acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a fin de promover la paz y justicia, la reparación de las víctimas, así como la garantía de la no repetición de golpes de Estado, guarimbas y atentados en el país.
Esta instancia surgió luego de que la oposición venezolana, con mayoría en el Parlamento, aprobara una ley denominada de Amnistía y Reconciliación Nacional, que excluye a las víctimas y pretende excarcelar a responsables de muertes violentas, ataques al patrimonio público y otros daños ocasionados con fines políticos, que fueron investigados, juzgados y condenados por el Poder Judicial de la nación desde 1999, incluidas aquellas acciones violentas durante el golpe de Estado de 2002 y en 2014.
Dicho instrumento legal, por ir en contra de los principios constitucionales que rigen el país, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
AVN