Prensa PSUV.- Hoy se cumplen 25 años de uno de los sucesos más lamentables que evidencia la brutal represión y violación de los Derechos Humanos que caracterizó a los gobiernos de la Cuarta República, la masacre de El Amparo.

La matanza ocurrió el 29 de octubre de 1988, en la población de Las Coloradas, lugar aledaño a la población de El Amparo, un pequeño pueblo de 8 mil habitantes, ubicado en el municipio Páez del estado Apure, frontera con Colombia, donde 14 pescadores del Arauca venezolano fueron asesinados a sangre fría por los integrantes del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), un escuadrón con apenas un año de conformación e integrado por funcionarios policiales y militares, durante el gobierno de Jaime Lusinchi, en una operación denominada “Anguila III”, que consistía en la lucha contra grupos subversivos colombianos.

Fue coordinada por el general Humberto Camejo Arias, el coronel Enrique Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, Henry López Sisco, quienes eran los jefes del Comando Estratégico.

A las 9 de la mañana de ese día, los hombres zarparon camino al río Arauca en la lancha llamada Cabra Pichona. Al llegar a la orilla del caño, su travesía se tornó en tragedia y cerca de las 11 de la mañana, justo al apagar el motor de la embarcación, una ráfaga de balas los recibió.

A pesar de que las víctimas usaban la ropa común de las faenas de pesca, y eran vecinos conocidos por la comunidad, los jerarcas militares de entonces los presentaron ante los medios de comunicación como miembros de un grupo guerrillero colombiano con intenciones de sabotear un oleoducto de petróleo y secuestrar a los ganaderos de la zona.

Dos pescadores lograron escapar de la emboscada criminal, y el pueblo, indignado por los señalamientos, los defendió valientemente de una patrulla militar con órdenes de arrestarlos.

Gracias al testimonio de los sobrevivientes Wollmer Pinilla y José Augusto Arias, se refutó la versión oficial que aseguraba que se había producido un enfrentamiento con fuerzas irregulares. Con lujo de detalles relataron, confirmado por la posterior exhumación de los cadáveres, que aquello había sido una carnicería contra civiles desarmados, quienes se encontraban en la zona con la intención de atrapar coporos y cocinar una sopa de pescado.

Aquel crimen generó protestas en toda Venezuela y se convirtió en símbolo de la violación de derechos humanos en la IV República.

Tras acusar a los sobrevivientes de subversivos, el juez militar Ricardo Pérez, dictó autos de detención contra ellos. Se les acusaba de rebelión, por lo que el juez sentenció que los efectivos militares actuaban en legítima defensa.

Ante los ataques, Pinilla y Arias solicitaron asilo ante la embajada de México en Venezuela, posteriormente viajan a ese país.

Pero, en enero de 1989, las víctimas regresan de Ciudad de México para ponerse a la orden de las autoridades, por cuanto sobre ellos pesa un auto de detención. Ambos son encarcelados en la prisión de Santa Ana, estado Táchira.

El 29 de octubre de 1988, la comisión especial para investigar la masacre, designada por el extinto Congreso, presentó el informe de la exhumación de los 14 pescadores y determinó que “recibieron los disparos por la espalda y la parte posterior de la cabeza. La conclusión: no fue un enfrentamiento sino una ejecución”. De esta forma, se desmintió la versión de los funcionarios de los miembros del CEJAP.

Dos días después de la presentación del informe, el 16 de enero de 1989, el Consejo de Guerra revoca los autos de detención. Pinilla y Arias son puestos en libertad.

En abril de ese mismo año, la Corte Marcial, ordena la libertad de los funcionarios que actuaron en la masacre de El Amparo.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 1993, recomendó al Estado sancionar a los autores intelectuales y materiales del delito e indemnizar a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas.

El Estado se negó y en enero de 1994, la Comisión elevó la demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). En 1996, impuso la reparación de los daños por 722.332 dólares.

A pesar de la solicitud de la CIDH, en julio de 1998, un tribunal militar, absolvió a las personas, entre civiles y militares, del delito de homicidio intencional, procesadas por el caso de El Amparo.

Aunque los testimonios de los sobrevivientes, más la presentación del informe del Congreso demostraban que los pescadores fueron ejecutados, la sentencia determinó que “en los hechos que originaron el proceso penal militar, actuaron en ejercicio legítimo de una autoridad o cargo y en defensa de sus personas, se les exime de la pena”.

Entre los que perdieron la vida en esa fatídica fecha están: José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos; Carlos Antonio Eregua; Arin Obadías Maldonado, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado.

La masacre de El Amparo, crimen que buscaba demostrar una supuesta eficiencia por parte de las fuerzas del Estado puntofijista en la lucha contra la guerrilla, se suma a los hechos de Cantaura, Yumare y El Caracazo, muestras más notorias entre otros crímenes cometidos por la llamada democracia representativa que violó los derechos humanos en Venezuela.

En un aniversario más de esta masacre, los venezolanos rendimos homenaje a nuestros hermanos tan vilmente masacrados, llamando a nuestro pueblo a nunca olvidar estos abominables crímenes de Estado, política de una nefasta IV República, y reiteramos nuestro compromiso para no permitir que nunca más se manche de sangre nuestra historia.