Foto: PSUV

Diputados del Bloque de la Patria asistentes a la 140 Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial en Doha, Qatar, presentaron una denuncia formal contra la Asamblea Nacional venezolana por su actuación disociada de los principios que rigen a esa organización que agrupa —- parlamentos del mundo.

La acusación reposa en las acciones emprendidas desde la Asamblea Nacional en desacato contra la Soberanía del Estado Nación venezolano, al desconocer por vía violenta el inconstitucional otros poderes de la República (Ejecutivo, Judicial, Electoral y Moral) y usurpar funciones en el caso de la Presidencia de la República y el Tribunal Supremo de Justicia.

El escrito fue introducido formalmente ante la secretaría de la UIP por los diputados Ilenia Medina (PPT), Juan Marín (PSUV) y Yul Jabour (PCV), quienes dijeron actuar además en defensa de los Derechos Humanos de millones de venezolanos que han sido severamente golpeados por la actuación criminal de varios presidentes de la Asamblea Nacional en desacato (2016-2017 y 2019) quienes solicitaron de palabra y de hecho a instituciones extranjeras aplicar a Venezuela medidas financieras y comerciales coercitivas e ilegales (mal llamadas sanciones) que vulneran el derecho de los nacionales a la Paz, el acceso al agua, la alimentación, la educación, el uso de las telecomunicaciones, transporte, entre otros.

Los legisladores del Bloque de la Patria solicitaron al Comité Ejecutivo de la UIP que, tomando en cuenta los hechos que confirman que la Directiva del Poder Legislativo de Venezuela ha burlado los principios del Estatuto de la UIP (…) dé su opinión afirmativa, para que el Consejo Directivo delibere el sobre esas conductas contrarias a los principios de la UIP, según lo establecen el artículo 3, numeral 4 y los artículos 4.2; 17.2 y 21.a del Estatuto de la Unión Interparlamentaria Mundial.

Algunos delitos de la AN contra el Estado Nación venezolano

A) Infracción grave a la soberanía del Estado Nación por las Directivas de la Asamblea Nacional:

05 de enero de 2016, el plan contra la democracia bolivariana lo activa el dirigente de Acción Democrática, Henri Ramos Allup, quien como Presidente de la Asamblea Nacional anuncia al país, sin tener competencias para ello que en seis meses esa Asamblea Nacional desalojaría al Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros lo cual constituye, per se, una ruptura del hilo constitucional. Esa Directiva se negó a cumplir sus responsabilidades constitucionales de cooperar con el Jefe del Estado en relación al Plan de Emergencia Económica presentado por el Presidente Maduro para atacar la situación difícil que generó el decreto de Barack Obama declarando a VENEZUELA una amenaza para la seguridad de EEUU y las medidas coercitivas contra la economía nacional que le siguieron.

El 21 de octubre de 2016, el Diputado Ramos Allup decide ir a la OEA para solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, sin tener competencias para ejercer en materia de representatividad internacional lo que constituye un delito de Lesa Patria al exponer la República a cualquier afectación sobre su soberanía.

El 05 de enero de 2017, asume la directiva de la Asamblea Nacional Julio Borges, militante de Primero Justicia, quien continúa y profundiza y acelera la estrategia contra la soberanía nacional para intentar colapsar al país.
Julio Borges no se conforma con dar continuar a la línea de la ruptura del hilo constitucional sino que inicia una gira por el mundo solicitando, y obteniendo, medidas coercitivas prohibidas por el derecho internacional en el ámbito diplomático, económico, financiero y comercial.

El 05 de enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaido, militante de Voluntad Popular, se autoproclama “presidente interino”, en una calle de Caracas, usando arbitrariamente el artículo 233 de la Constitución sobre “la falta absoluta”. Este recibe el reconocimiento inmediato del Gobierno de Estados Unidos y de otros países de la región y de Europa. Sin embargo, Guaido y el régimen dictatorial de Estados Unidos y los gobiernos cómplices, no cuentan con tienen capacidad jurídica para crear o sustituir gobiernos porque esta capacidad deviene, en forma exclusiva y excluyente, en el principio de autodeterminación de los pueblos soberanos.

Con esta grave acción criminal Guaidó y sus cómplices intentan someter a la República Bolivariana de Venezuela a las acciones imperiales del régimen de Donald Trump.

El diputado Juan Guaidó en la Asamblea Nacional aprueba, sin quórum reglamentario, un Estatuto de Transición, con el cual pretende suspender la Constitución de la Republica para derrocar al Presidente Nicolás Maduro Moros.

B) Violación a los derechos Humanos del pueblo venezolano cuando solicitan a factores extranjeros que dicten “sanciones a Venezuela.

Henry Ramos Allup, como Presidente de la Asamblea Nacional se niega a condenar el Decreto de Barack Obama contra Venezuela para evitar medidas coercitivas que afecten los derechos humanos del pueblo venezolano.
Julio Borges, como Presidente de la Asamblea Nacional, en el año 2017, continua la línea de la ruptura del hilo constitucional designado ilegalmente un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, desconociendo el Poder Judicial de la República. Inicia asimismo una gira por el mundo solicitando, y obteniendo, más medidas coercitivas, unilaterales y arbitrarias prohibidas por el derecho internacional en el ámbito diplomático, económico, financiero y comercial.

Juan Guaidó, sin competencia alguna, entrega al Gobierno de Estados Unidos de la empresa CITGO, filial de PDVSA y a Colombia la empresa Monomeros, filial de Pequiven cuyos activos solo pertenecen al Estado y al pueblo venezolano para su desarrollo integral.
La detención de Roberto Marrero, integrante del equipo de Guaido acusado de financiar mercenarios contra la paz en Venezuela produce la reacción enfurecida del régimen de Donald Trump que decide sancionar a tres bancos públicos de Venezuela bloqueando sus operaciones financieras. Los bancos afectados son: Bandes, con filiales en Uruguay, Bolivia y Nicaragua y los Bancos Bicentenario y Banco Venezuela, por medios de los cuales el Gobierno Bolivariano cancela las nóminas de las misiones y los programas de beneficios para los trabajadores y sectores más vulnerables.

C) Vulneración de la paz.

Ramos Allup, en junio de 2016, opta por intentar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela y obstaculiza el dialogo entre el Gobierno y la oposición, que promueve Unasur y los expresidentes Martin Torrijos; Leonel Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero.

Julio Borges, en abril de 2017, afirma desde Washington, sobre una supuesta “crisis humanitaria” y afirma que migración venezolana constituía una amenaza para la paz y la seguridad de la región, en el mismo plan del agente Luis Almagro. Estas declaraciones tenían como único propósito soliviantar una injerencia militar en Venezuela con la “ilusión” de asumir el la Presidencia de la Asamblea Nacional, de ocurrir una falta absoluta del Presidente de la República.

Juan Guaidó, autoproclamado Presidente de la República, el 23 de febrero de 2019, en abierta articulación con el régimen de Donald Trump genera un clima de injerencia, de confrontación y agresión, al participar personalmente desde territorio colombiano en una acción violenta para introducir por la fuerza falsa “ayuda humanitaria” a Jurisdicción de Venezuela, sin el consentimiento de las autoridades civiles ni militares nacionales y con la reprobación manifiesta de organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Acnur; todo en medio de amenazas bélicas proferidas contra VENEZUELA por parte de gobiernos de Estados Unidos, COLOMBIA, Brasil y de las Antillas mayores, Aruba, Bonaire y Curazao, bajo el control del Reino de Holanda.
Otra de las graves acusaciones contra Juan Guaido es su afirmación de que puede autorizar al Presidente norteamericano,Donald Trump, para que despliegue una intervención armada contra el país.

El 26 de marzo desde el presidio del Poder Legislativo aseveró:
“no habrá solución al problema eléctrico mientras (según falso jurídico utilizado) usurpen funciones en Miraflores, no habrá agua para las casas, mucho menos gas doméstico, vamos a acelerar la presión interna necesaria para seguir sumando en ese proceso de cese definitivo…”

El 21 de marzo 2019, las instituciones venezolanas respectivas comprueban el plan de contratación de mercenarios centroamericanos y colombianos contra la paz de Venezuela por Roberto Marrero, ex secretario de la Asamblea Nacional y asesor principal de Juan Guaido, quien es detenido.