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La Administración Trump emitió hace algunos días una Orden Ejecutiva que ratifica y amplía las sanciones contra la economía y población venezolanas, con base a la narrativa de que sólo apuntan a funcionarios del gobierno. Contraviniendo este discurso, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrel, afirmó hoy mismo que estos instrumentos congelan activos necesarios para que el gobierno venezolano brinde atención médica y sanitaria a la población.

Otra Orden Ejecutiva: un nuevo episodio del bloqueo financiero

Basado en instrumentos de naturaleza ilegal e injerencista como la llamada Ley de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela, publicada a finales de 2014, el presidente Donald Trump emitió una Orden Ejecutiva contra Venezuela.

Se trata de un decreto que dice surgir «a la luz de las acciones del régimen de Maduro y personas asociadas para saquear la riqueza de Venezuela para sus propios fines corruptos, degradar la infraestructura y el medio ambiente natural de Venezuela a través de la mala gestión económica y las prácticas mineras e industriales confiscatorias, y catalizar una crisis migratoria regional descuidando las necesidades básicas del pueblo venezolano».

Esta «Orden Ejecutiva que bloquea la propiedad de personas adicionales que contribuyen a la situación en Venezuela» confiere a dos funcionarios del gobierno estadounidense (Secretarios de Estado y del Tesoro) el derecho a confiscar propiedades a quienes operen en el sector aurífero venezolano, como es menester, sin que medien acusaciones penales o civiles.

Los medios globales han hecho resonar las sanciones a las exportaciones de oro decretadas en un documento de 1 mil 326 palabras que nombra solamente una vez al mineral en cuestión.

Se trata de la ratificación de las sanciones ya emitidas contra miembros del gobierno nacional. En el texto de la Orden Ejecutiva, divulgado por el Departamento del Tesoro, se establece además la prohibición de operar en cualquier otro sector que los funcionarios ya mencionados consideren pertinente.

La «troika de la tiranía» como operación electoral

Bautizado por Jim «Perro Loco» Mattis como el «Demonio Encarnado», su nombre es John Bolton, gestionó en su momento la invasión a Irak y pidió el bombardeo a Corea del Norte e Irán. Actualmente es Asesor de Seguridad Nacional de la Administración Trump.

En un discurso en la «Torre de la Libertad», un edificio donde fueron acogidos en la década de 1960 inmigrantes cubanos simpatizantes de la dictadura de Batista, dijo: «Muchos de ustedes en la audiencia han sufrido personalmente horrores inenarrables de manos de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua». Además, prometió que el gobierno que asesora tomaría una postura dura hacia los «dictadores y tiranos que se encuentran cerca de nuestras costas» y se refirió a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua como «la troika de la tiranía».

Con ese discurso, Bolton hacía demostración de fuerza a menos de una semana de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos (midterm elections), en las que el Partido Republicano se juega el control del Congreso. En Florida, que tradicionalmente ha sido un estado que define resultados, está en juego un escaño en el Senado y la propia gobernación, por lo que el asesor presidencial fue enfático al advertir que «por fin» van a tener enfrente a «alguien que les planta cara», lo que siempre ha hecho efervescencia en el llamado «exilio cubano» pero también en las «diásporas» de Venezuela y Nicaragua.

Con el anuncio de esta nueva línea de sanciones, Bolton intentó movilizar a estas diásporas a favor de Trump. Un recurso de política exterior utilizado para lograr réditos en la coyuntura electoral estadounidense.

Bolton declaró que el Departamento de Estado ampliará a más de una docena la lista de entidades de propiedad o controladas por los militares o los servicios de inteligencia cubanos con las que los estadounidenses no pueden hacer transacciones financieras. Además, señaló que mientras no haya elecciones libres en Nicaragua y se restaure la democracia, el régimen de Daniel Ortega va a sentir «el peso total» de las sanciones estadounidenses.

Sobre Venezuela anunció la firma de la Orden Ejecutiva en cuestión por parte de Trump, anunciando que impone nuevas y duras sanciones con el fin de impedir que ciudadanos estadounidenses se involucren con quienes hacen «transacciones fraudulentas y corruptas» con oro venezolano.

Entre sus acompañantes estaban dirigentes de la comunidad cubano-estadounidense y congresistas como Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo, ante quienes declaró que «los Estados Unidos están emocionados de ser socios de naciones como México, Colombia, Brasil, Argentina y otras muchas» en el objetivo de hacer «avanzar el Estado de Derecho y aumentar la seguridad y la prosperidad en la región para nuestra gente».

Ataques contra el oro venezolano

Desde hace algunos años el gobierno venezolano ha buscado poner orden al territorio donde se ha desarrollado la producción comercial de oro desde 1829. El 100% de la producción del metal precioso se obtiene de la región de Guayana (estados Bolívar, Amazonas y parte de Delta Amacuro) y la empresa estatal Minerven ostenta el 55,8 % de la producción declarada.

Para reordenar esta región estratégica se decretó el Arco Minero del Orinoco, plan que ha sido atacado por medios financiados por el magnate George Soros, Google, la NED, fondos de la USAID a través del Centro Internacional de Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), el Departamento de Estado y la Confederación Suiza, quienes fueron los principales compradores de oro de Venezuela entre 2010 y 2015, antes de la creación de empresas mixtas con mayoría accionaria del Estado venezolano.

Entre 2007 y 2015 las reservas internacionales venezolanas cayeron hasta 20 mil millones de dólares. Se dice que el 70% de esas reservas eran de oro. Los precios del metal, que estaban a la baja, han aumentado desde entonces hasta el presente año, sin embargo, la llamada onza troy no ha superado los 1 mil 400 dólares.

Con precios que no logran subir, la campaña contra el Arco Minero ha pretendido aumentar los niveles de asfixia económica de Venezuela al presentar el oro venezolano como producto del tráfico y la corrupción. Es así como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha vociferado, días antes de la Orden Ejecutiva, que el gobierno venezolano hace uso constante e irregular de su comercio «sin control medioambiental ni de contabilidad» para financiar las supuestas redes de corrupción que lo sostienen.

El secretario asistente del Tesoro estadounidense, Marshall Billingslea, afirmaba en una conferencia en el Centro de Estudios Brookings de Washington que «tras saquear totalmente la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, donde no queda nada más por robar, hemos visto un cambio en la atención del régimen de Maduro hacia el oro, es el nuevo recurso que están buscando». Denunció un supuesto expolio de las minas de oro en el sur de Venezuela y aseguró que «se está aproximando a una situación similar a la de los diamantes ensangrentados» en África. «Deberíamos expresar más indignación por el daño que se está causando al medioambiente y las poblaciones indígenas», afirmó.

Una semana antes, en la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Indonesia, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, censuró en un comunicado «la venta secreta de recursos del pueblo venezolano para llenar los cofres de los facilitadores financieros de Maduro».

La criminalización de la venta de oro a Turquía

Turquía ha sido el consumidor más importante de Oriente Medio en los últimos 50 años y en los años 70 se servía este mercado desde Beirut en el Líbano con parte del oro importado desde Europa. En la actualidad, Turquía ha diversificado sus fuentes de importación al punto de que durante los primeros nueve meses de este año, Venezuela exportó 23,62 toneladas de oro a ese país, valoradas en 900 millones de dólares, según cifras oficiales turcas. Esto se implementó como alternativa ante la caída de la producción petrolera, la intensificación del bloqueo y la búsqueda de la diversificación económica.

El Banco Central de Venezuela (BCV) comenzó a refinar en Turquía una porción del oro que en el último año ha comprado a mineros venezolanos, informaba Víctor Cano, ministro de Desarrollo Minero, quien agregó que «es el oro que el BCV está recuperando con el arrime de oro, con el fin de que pueda ser refinado».

El funcionario explicó que «(la certificación la) hacíamos en Suiza y ya no se hace en Suiza. Se hace en países aliados porque imaginen que se envía el oro a Suiza y por sanciones nos dicen que allí se queda». El gobierno suizo, que financia reportajes contra el Arco Minero, también sancionó a funcionarios del gobierno de Venezuela con medidas como la congelación de activos y prohibición de viajes.

Cano aseguró que «no es ningún contrabando a Turquía, son convenios que están firmados entre el BCV y Turquía. Es un oro que se está produciendo en Venezuela y certificado por nuestro registro de origen, con todos nuestros controles internacionales para hacer la exportación y luego la importación de ese oro ya refinado».

¿Sanciones para Turquía?

Pero no todo es oro en las relaciones turco-venezolanas. El comercio bilateral entre ambas naciones alcanzó los 892,4 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2018, las exportaciones de Turquía a Venezuela fueron de 52,2 millones y las importaciones fueron de 834,2 millones. Las relaciones bilaterales se han desarrollado rápidamente, entre 2013 y 2017 el intercambio entre los dos países había sido de 803,6 millones de dólares.

Unas eventuales sanciones buscarían amedrentar a un socio como Turquía, sin embargo, es inminente el aumento de la demanda de oro en el mercado mundial y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan desea participar en esa carrera.

También es inminente que Venezuela está certificando 32 campos de oro en el país, con los cuales apunta a establecerse «como la segunda reserva más grande de oro del planeta». Así lo explicó el presidente Nicolás Maduro, quien reiteró la denuncia de los 1 mil 200 millones de dólares retenidos por la empresa financiera internacional Euroclear, destinados para la adquisición de alimentos y medicinas que serían distribuidos en el país. A través del intercambio comercial con Turquía, criminalizado por Washington, se adquieren esos productos necesarios para la supervivencia de la población venezolana.

El año pasado el Banco Central de Turquía compró 187 toneladas de oro a varios países y se convirtió en el segundo mayor comprador soberano del mundo después de Rusia. Como otros países, Turquía tenía una parte de su oro (28,7 toneladas de lingotes) depositado en la Reserva Federal de Estados Unidos. Han sacado todo y lo han colocado parcialmente en los almacenes del país, mientras que otra parte la ha confiado al Banco de Pagos Internacionales en Suiza y el Banco Central de Inglaterra.

La posibilidad de una eventual sanción de Estados Unidos contra este país euroasiático sería remota, hace pocos días ambos países revocaron sanciones mutuas contra sus ministros de Justicia y de Interior por el arresto del pastor estadounidense Andrew Craig Brunson, quien presuntamente apoyó el fallido golpe de Estado contra Erdogan en julio de 2016.

En este sentido, aprovechar el clima de recomposición relativa de las relaciones entre Estados Unidos y Turquía para restringir la compras de oro a Venezuela es lo que le daría a la Orden Ejecutiva una efectividad más allá del papel.

¿A quién beneficia el caos en el Arco Minero?

Si el oro funge como alternativa para el ingreso de divisas y la estabilidad económica de Venezuela, el menos interesado en que sea espacio de disputa entre bandas armadas irregulares es el gobierno venezolano. Sin embargo, el tema del control del Arco Minero por parte de estos grupos no es sólo un problema social sino parte del asedio internacional que vive Venezuela.

La disputa por el control de esta zona tiene a los paramilitares y las transnacionales como terceros actores, cuyas prácticas en zonas mineras para imponer sus estados de excepción mediante el terror y la minería ilegal ya son conocidas tanto en Latinoamérica como en África.

Un ejemplo es el asesinato de tres soldados de la Guardia Nacional Bolivariana el pasado domingo 4 de noviembre por grupos paramilitares en el estado Amazonas, fronterizo con Colombia. El ataque, donde además resultaron diez militares heridos, ocurrió tras la captura de nueve paramilitares colombianos en el municipio Atures, parroquia Fernando Girón Tovar, estado Amazonas, a quienes se les incautaron armas de guerra y fueron puestos a la orden del Ministerio Público venezolano.

Mantener el caos en el Arco Minero es consecuente con la política de bloqueo financiero al:

• Perjudicar más a la economía venezolana al lograr afectar el valor del oro y la capacidad de exportación por parte del Estado, como base del Plan de Ahorro en Oro con el cual se busca recuperar el valor del ahorro venezolano y el de la moneda, en el marco del Plan de Recuperación Económica.

• Ahogar la entrada de divisas frescas al país, ante la negación por parte del sistema financiero estadounidense, mediante las sanciones, para permitirle a Venezuela el uso del dólar para transacciones comerciales y endeudamiento.

• Intensificar el asedio al gobierno y la población venezolana mediante la intimidación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) afectando la seguridad de la nación.

Cabe preguntarse si las sanciones contra el oro venezolano están o no relacionadas con los sucesos que involucran paramilitares cuando, al cierre del primer cuatrimestre de 2018, Venezuela percibió un aumento del 200% en sus exportaciones no petroleras con relación al año pasado, principalmente oro vendido a Holanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, y sobre todo a Turquía.

Con la ordenación a través del Arco Minero empiezan a verse resultados que disminuirían el contrabando de oro e incidirían en la disputa entre garimpeiros y grupos paramilitares, logrando que prevalezca el estado de derecho en la zona y mejorar la obtención de renta a partir de la actividad aurífera. Esto lo saben las corporaciones detrás de la Administración Trump y la Unión Europea, que acaba de extender las sanciones contra Venezuela, dispuestas a no permitirlo.

Misión Verdad