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La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela respaldó, mediante un proyecto de acuerdo en sesión ordinaria, el inicio de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, rechazó durante el debate las tergiversaciones de los medios de comunicación de derecha sobre el proceso político y la revisión de leyes.
Asimismo, ratificó la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento legal del país y lamentó la postura de ciertos sectores que deciden apartarse de la ruta del diálogo nacional de manera voluntaria.
Por su parte, la diputada, María Gabriela Vega, defendió la consulta pública como un mecanismo directo para saldar una deuda histórica con el pueblo venezolano. La parlamentaria señaló que, el debate no representa un capricho político, sino una acción directa para atacar problemas estructurales como la lentitud procesal, los abusos y la desigualdad.
De igual forma, Vega manifestó su apoyo absoluto a los nueve ejes estratégicos del proyecto, los cuales abarcan áreas fundamentales como la celeridad, la transparencia, la humanización penitenciaria y la contraloría social.
El diputado, Félix Freites, incorporó al debate la urgencia de reestablecer el estado de derecho pleno y aplaudió las medidas recientes contra la corrupción, tales como la habilitación de líneas telefónicas de denuncia.
Freites, exigió sanciones severas para los funcionarios judiciales que incurran en extorsión y demandó una transformación inmediata del sistema de defensa pública para garantizar asistencia jurídica de alta calidad a los sectores de menores recursos. En este sentido, la diputada Amelia Belisario, coincidió en que el país conoce desde hace mucho tiempo la necesidad real de una reforma en el proceso judicial.
El diputado, Fiodar Acosta, advirtió sobre las intenciones de ciertos factores de oposición que buscan capitalizar políticamente la actual coyuntura institucional. El parlamentario enfatizó que, la convocatoria incluye a las universidades, organizaciones de la sociedad civil y, de manera directa, al ciudadano común para lograr una consulta genuina y profunda. Con la aprobación de este acuerdo, el parlamento nacional reafirma su compromiso con el diseño de un sistema penal equitativo y transparente a través de la participación popular.
VTV