Opinión / Noticias
Por Irán Aguilera
Resulta ineludible examinar las responsabilidades históricas detrás de las heridas infligidas contra nuestra infraestructura económica. Ha sido una sistemática agresión contra todo el país por muchos años. Particularmente, en estos momentos, no puede seguir tratándose con lenidad a los actores políticos que causaron que el pueblo no pueda gozar plenamente, por ahora, del derecho de tener estabilidad en el Servicio Eléctrico Nacional (SEN).
Uno de los tantos ejemplos de esta nefasta política opositora es la actuación con deliberada maldad registrada entre finales de 2019 y principios de 2020 (no podemos olvidar el apagón). En aquellos años, Venezuela atravesaba una etapa compleja en el sector eléctrico, siendo el estado Zulia una de las regiones más castigadas por racionamientos severos y apagones prolongados que paralizaban la vida diaria y la actividad económica. En respuesta a esta crisis humanitaria, se estructuró una propuesta de financiamiento a través de la Corporación Andina de Fomento (CAF), concebida como una solución técnica de emergencia para dar un respiro a los zulianos.
El proyecto contemplaba un crédito por un monto total de 350 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 230 millones se destinarían exclusivamente a estabilizar el sistema eléctrico occidental. No obstante, por mandato constitucional, toda operación de endeudamiento público requiere la autorización de la Asamblea Nacional (AN). En aquel momento, el Parlamento se encontraba bajo el control de la oposición, que convirtió la necesidad técnica vital en arma de confrontación política.
A pesar de que esta iniciativa se consensuó en una mesa de diálogo, la oposición —como ya es costumbre— la enfrentó y bloqueó. Las razones detrás de este veto respondieron a cálculos sumamente mezquinos:
· Obediencia al imperio: Diputados de la entonces AN 2015 priorizaron las presiones y sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
· Discursos cómplices: Un grupo de autodenominados “expertos” eléctricos de la oposición agitaron falsas denuncias de sobreprecio en los estudios técnicos para justificar echar para atrás el proyecto.
· Sabotaje radical: El obstáculo definitivo provino del sector más extremista y apátrida de la derecha, tanto interna como externa, que temía dar “oxígeno” al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluso cuando el acuerdo garantizaba que los fondos serían administrados por las Naciones Unidas (ONU).
Ese accionar antivenezolano provocó que el proyecto se descartara por completo. Los fondos nunca ingresaron, las plantas térmicas no se rehabilitaron y el Zulia continuó soportando la pesada crisis eléctrica. Diversas figuras de los sectores gremial y empresarial calificaron este rechazo como grave, pues castigó severamente a la ciudadanía.
Como es muy claro, la crisis eléctrica es consecuencia directa del bloqueo y las sanciones, y estas llevan la firma innegable de quienes, desde la trinchera política opositora, apostaron por el sufrimiento del venezolano con tal de alcanzar sus ambiciones de poder.
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Barcelona / Edo. Anzoátegui