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Con denuncias de supuesto fraude y descalificación al árbitro electoral la derecha prepara el escenario de la violencia como vía última para la toma del poder político que no ha podido obtener mediante los votos, como lo ha demostrado en cada evento electoral que ha perdido.

Aunque las organizaciones políticas de oposición participan, como el resto de los partidos, en la auditorías del cronograma electoral y reconozcan la institucionalidad del Poder Electoral, desde comienzos de 2015 y ante la proximidad de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, sus arremetidas contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) se han intensificado, como lo denunció en junio su presidenta Tibisay Lucena.

Esta campaña permanente de desprestigio fue acompañada en el primer semestre del año con acciones violentas contra puntos de actualización del registro electoral entre febrero y julio, declaraciones misóginas de voceros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para atacar a la rectora Lucena y el rechazo a la paridad de género en las candidaturas.

Las acciones son similares a las empleadas en otros eventos electorales, cuando la predecible baja votación evidenciada en sus derrotas ha pretendido ser soslayada con denuncias de fraude atribuido al mismo CNE que ha organizado comicios regionales y parlamentarios en los que han sido electos opositores, así como sus elecciones internas (2012 y 2015).

Este discurso sostenido ha allanado el camino para emprender acciones violentas como ataques a instituciones e incidentes en los que resultaron 11 personas fallecidas, luego de que el candidato perdedor Henrique Capriles Radonski, pidiera a sus seguidores descargar «toda esa arrechera» por su derrota ante el presidente Nicolás Maduro en las presidenciales del 14 de abril de 2013.

Posteriormente, a las elecciones municipales de diciembre de ese año intentaron crearle un matiz plebiscitario que les permitiría deslegitimar al gobierno, sin embargo, las fuerzas bolivarianas ganaron 257 alcaldías y los opositores 80, con lo cual sumaron un nuevo fracaso electoral.

Un mes después, en enero de 2014, Leopoldo López y María Machado —esta última ferviente atacante del CNE— hicieron un llamado a la violencia para «la salida» del gobierno constitucional de Nicolás Maduro o lo que es lo mismo, lograr por la vía violenta lo que no les otorga la participación popular.

La campaña permanente contra la democracia se basa en denuncias como una supuesta parcialidad de la autoridad electoral, aunque cuentan con representación en el cuerpo de rectores y con técnicos de los partidos plenamente incorporados a todas las labores del CNE; un presunto número abultado de votantes, aún cuando participan en la auditoría y validan el registro electoral; críticas al sistema automatizado y al software, pese a que los técnicos designados por los partidos de oposición participan en todas las auditorías (las que han sistemáticamente incorporado los requerimientos solicitados por la oposición) y las aprueban con el evidente aval de sus dirigentes políticos.

Además, han insistido en cuestionar el acompañamiento internacional —no obstante que incluye la acreditación de invitados de la alianza opositora—, y pregonan que se debe llamar a entes articulados con la derecha internacional como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

Sin embargo, dichas organizaciones fueron blanco de sus ataques, cuando junto al Centro Carter avalaron el resultado del referéndum revocatorio de 2004, que resultó ser ratificatorio del presidente Hugo Chávez, quién ganó 18% de diferencia por encima del voto opositor y aún así la derecha cantó fraude para desembarazarse de una evidente debilidad en el escenario político.

En las elecciones regionales y municipales de octubre de ese año los opositores aplicaron la misma prédica de ataque al sistema electoral y nuevamente sufrieron una abrumadora derrota, al obtener únicamente tres gobernaciones y 64 alcaldías, mientras que el chavismo ganó en 20 gobernaciones y 270 alcaldías.

Para las parlamentarias de 2005, en una mesa de diálogo, la oposición exigió la eliminación de captahuellas —mecanismo de identificación inequívoca de cada elector—, pidió una auditoría previa del registro electoral y el conteo manual de los votos, sin embargo, al final no participó en los comicios para intentar deslegitimarlos y capitalizar la abstención.

Luego de desmovilizar a sus partidarios y con un bajo nivel de preferencia del electorado, en 2006 participaron en las elecciones presidenciales que ganó el líder bolivariano Hugo Chávez con tres millones de votos de diferencia, derrota previsible para la derecha que, nuevamente, cantó fraude.

Al año siguiente, en la consulta sobre la reforma constitucional (2007), un reducido margen de 1,75% de diferencia les fue favorable y no hicieron su acostumbrada denuncia, hasta que en las parlamentarias de 2010, en las que lograron una buena votación pero no la mayoría en la Asamblea Nacional—98 diputados del chavismo y 67 opositores— atacaron de nuevo al CNE acusándolo de ofrecer resultados «incompletos» que «empañaron» la alegría de los venezolanos.

La derecha aparentemente defiende el voto, pero ha agredido al CNE sobre la base de un supuesto respeto a «la voluntad del pueblo» al margen del Poder Electoral, como lo han expresado Capriles y la ex diputada María Machado, electos con el mismo sistema electoral que han atacado.

Recientemente la MUD, a través de los activistas Freddy Guevara (Voluntad Popular) y Julio Borges (Primero Justicia), se negó a firmar el acuerdo para respetar los resultados electorales del 6D como garantía de paz, bajo pretexto de que sólo aceptará los de su conteo, en unas actas que levantará, suscritas por sus testigos y «que expresen estrictamente la voluntad popular».

Al tiempo consignaron al CNE un anteproyecto propio de compromiso electoral para demandar «transparencia» en el proceso y exigir la observación internacional, maniobra que se articula con la derecha internacional, que se expresa en las recientes declaraciones de John Kerry, secretario de Estado (EEUU), quien dijo que Venezuela es un ejemplo de «democracia imperfecta» y de Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien insistió en la observación internacional para evitar la «violencia postelectoral».

Pedro Ibáñez AVN