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Por: Ramón Lobo
En vista de la confiscación o robo que se ha venido presentando con los activos públicos en el extranjero, tal como el bloqueo a transferencias financieras destinadas a la compra de alimentos y medicinas, el desmantelamiento de monómeros, las 32 toneladas de oro en poder del Banco de Inglaterra y el bien más atractivo, CITGO, aunado a la amenaza que significa la licencia N° 42 emitida por la OFAC; la Asamblea Nacional como mecanismo de protección e instrumento jurídico con validez nacional e internacional, aprobó en días pasado la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el extranjero.
Esta Ley tiene por objeto salvaguardar los activos, derechos e intereses en el extranjero, frente a cualquier actuación o acto jurídico celebrado o ejecutado por personas o entidades que usurpen, se atribuyan o pretendan atribuirse ilegítimamente la representación de la República, en virtud de las medidas coercitivas unilaterales u otras medidas de carácter punitivo o restrictivo impuestas contra el país; así como, por la realización de actos jurídicos no imputables a la Nación, motivado a la ausencia de la capacidad jurídica del Estado conforme al derecho venezolano.
Ante la usurpación por parte de una “Junta Directiva” de la extinta Asamblea Nacional de 2015, o cualquier otra situación similar que pudiese presentarse a futuro, la normativa legal en referencia, desconoce cualquier actuación o acto jurídico celebrado en esta condición, al amparo del reconocimiento ilícito o ilegítimo por parte de entidades, poderes o autoridades extranjeras. Asimismo, declara nula y en consecuencia, ineficaz cualquier negociación, oferta, acuerdo, compromiso o acto de administración por parte de estas personas, que enajenen bienes del Estado.
Igualmente, establece sanción penal sobre la base del marco jurídico, a todas aquellas personas que usurpando funciones o atribuyéndose algún tipo de autoridad, afecten el patrimonio nacional, así como también para quienes participen directa o indirectamente, colaboren o apoyen, este proceder en contra del interés de la patria. En este sentido, sus bienes y sus efectos serán objeto del procedimiento de extinción de dominio.
Con la aprobación de esta ley, la Asamblea Nacional sigue reivindicando este espacio legislativo, de las acciones nefastas y entreguistas -de quienes en su momento ostentaron una investidura y la utilizaron en contra de los intereses nacionales-, con la aprobación de supuestas normas o estatutos para la transición, que permitieron la implementación de las órdenes ejecutivas por parte de EEUU, las cuales han afectado la calidad de vida de la población, y que en estos momentos colocan en riesgo activos de la República situados en el extranjero.