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El Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos pidió adoptar medidas «urgentes» para proteger a las comunidades indígenas en Colombia, luego de la más reciente matanza registrada en el departamento de Cauca.
La oficina de la ONU condenó el ataque ejecutado el pasado 29 de octubre por un grupo de criminales que intentaba ingresar a una comunidad en el Cauca, lo que dejó un saldo de cinco indígenas muertos y seis heridos.
La portavoz del organismo internacional solicitó a las autoridades colombianas investigar lo ocurrido en el suceso y evaluar «posibles fallos» que llevaron a que ocurriera el crimen.
«También instamos a las autoridades a romper el círculo de impunidad sobre amenazas, acosos y asesinatos contra los pueblos indígenas», aseveró la portavoz.
Asimismo, cuestionó la decisión del Gobierno de Iván Duque de aumentar el número de efectivos militares en la zona. Hurtado aseguró que los avances en favor a esta comunidad no llegarán «con una mayor presencia militar».
A esta expresión de preocupación se sumó un grupo de relatores especiales de la ONU con una declaración conjunta emitida en Ginebra.
«Las autoridades colombianas, incluida la Fiscalía General de la Nación, deben hacer todo lo necesario para llevar a los asesinos ante la justicia. El Presidente y el Gobierno también deben adoptar las medidas apropiadas para poner fin a la situación insostenible de violaciones de los derechos humanos fundamentales que sufre el pueblo Nasa», señalan.
Por su parte, la Federación de Asociados de Cabildos Indígenas del Departamento del Chocó alertó sobre la crisis humanitaria que perjudica a las comunidades nativas.
Señalan que la situación se ha agudizado desde el 28 de febrero con la presencia de grupos armados, que intentan imponer sus reglas a los habitantes.
Además, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció este viernes el asesinato del guardia nativo Gilberto Domicó, de 50 años de edad, quien recibió varios impactos de bala por parte de un grupo armado irregular.
La organización denuncia que estas agrupaciones delictivas someten a las poblaciones a ataques indiscrimados y limitan su acceso a servicios básicos.
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