Opinión / Noticias / Ramón Lobo
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La oposición nacional e internacional a lo largo de los 17 años de la Revolución Bolivariana ha impulsado una guerra no convencional compuesta por distintas dimensiones, donde destaca, la mediática, psicológica, económica e internacional. Esta última, se ha generado básicamente desde América del Norte y Europa Occidental con la finalidad de declararnos como estado forajido, donde se promueve el terrorismo y el narcotráfico, asimismo, existe un alto nivel de corrupción, no hay libertad de expresión y se violan los derechos humanos; es decir, un gobierno que no respeta las leyes y normas de convivencia. Esta declaratoria busca la intervención extranjera para apoderarse de nuestras reservas petroleras y destruir la Revolución Bolivariana
Hoy desde el parlamento adeco burgués toman otra opción con el cinismo que los caracteriza presentando una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional donde confiesan todos los delitos cometidos en contra del pueblo venezolano desde el año 1999 hasta que entre en vigencia (Artículo 2-7). Es una especie de cronología criminal que da certeza de la autoría y participación y que además convoca al olvido, a borrar de la memoria colectiva los crímenes de lesa humanidad
El nivel de descaro es tal que plantean amnistiar a homicidas, banqueros prófugos, estafadores inmobiliarios, corruptos, terroristas, acaparadores y usureros, quienes han cometidos infracciones o delitos que no son objeto de la misma:
- Amnistía para las personas procesadas por delitos de corrupción (artículo 16)
- Amnistía a las personas procesadas por participar en la guerra económica contra el pueblo venezolano (artículo 19).
- Amnistía a las personas procesas por el delito de financiamiento al terrorismo (artículo 20)
- Amnistía para los delitos de tráfico de drogas de menor cuantía, cuando su supuesta comisión se hubiere producido en campamentos o cualquier tipo de reunión de manifestantes que se hayan congregado con fines políticos (artículo 30)
- Amnistía para los hechos vinculados con la estafa inmobiliaria (artículo 31)
Es evidente que la ley está orientada adicionalmente para cumplir con los compromisos adquiridos con sus financistas que huyen de la justicia venezolana por cuentas pendientes, como por ejemplo, los que se apropiaron de los ahorros de sus clientes, los que robaron a venezolanos ilusionándolos con una vivienda en desarrollos privados, los que han cometidos ilícitos económicos con la consecuente dificultad para el acceso a los bienes y servicio a un precio justo.
La ley es una especie de salvoconducto para los y las que actúen en contra del gobierno y que luego asumen una posición de víctimas por retaliación política (Artículo 6). Esta ley representaría un duro golpe al estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la CRBV.
La propuesta promovida por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, conduce a la indefensión de las verdaderas víctimas y sus familiares, generando la perpetuación de la impunidad, siendo manifiestamente incompatible con la letra y el espíritu, propósito y razón de nuestra Carta Magna.
El planteamiento de la MUD unilateralmente exculpa a los que políticamente han dirigido estas acciones, a los autores intelectuales y materiales, negando rotundamente la participación y visibilización de las víctimas, especialmente de aquellos familiares que quedaron en situación de desamparo ante la pérdida de su ser amado o aquellos que adquirieron lamentablemente una condición de discapacitado.
El doble discurso de la derecha choca con la realidad al proponer la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, la cual calificamos como la “Ley de Amnesia Criminal”, puesto que plantea el perdón a homicidas y hecha por tierra el estado de derecha al establecer la indulgencia para delitos asociados al terrorismo, tráfico de armas, drogas y corrupción.
Fieles a los principios del Comandante Eterno apostamos a la Paz con Justicia, rechazamos el adefesio jurídico de la MUD, principal oferta electoral conjuntamente con la guerra económica, violatorio de los derechos humanos y estamento legal vigente, con lo cual se abriría un espacio para perpetuar la impunidad y premiar los delitos. Asimismo, ratificamos la Comisión por la Verdad, Paz y Justicia planteada por el Presidente Maduro en su visita a la Asamblea Nacional con motivo del mensaje anual.