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Foto: Correo del Orinoco
No solamente “la lucha del pan nuestro de cada día” debe ser exclusividad del pueblo, sino que el Estado debe supervisar que le llegue todos los días y a precios justos. De ahí que un trabajo mancomunado entre Sundde, GNB y otros organismos fiscalizan y fiscalizarán 10.500 panaderías de todo el país, de las cuales 1.007 están en la Gran Caracas.
En operativo sorpresa realizado por 1.138 funcionarios de diversos organismos distribuidos en 74 equipos de trabajo para 147 establecimientos de este tipo en Caricuao y Antímano (35), El Paraíso (37), El Junquito (48) y La Vega (27) se penaron varias irregularidades.
Para estas inspecciones la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) tiene un cronograma que le exige a los propietarios y responsables de cualquier panadería verificar el inventario de la materia prima existente al inicio de la jornada, mientras al cierre de dicho día laboral deben señalar y mostrar lo que quedó en reserva. También si cumplen con lo precios establecidos (120 bolívares la canilla y 180 el campesino, por citar dos ejemplos), aparte de las condiciones de salubridad del establecimiento. Y así otras exigencias legales.
William Contreras, presidente del Sundde, señaló que el país tiene trigo panadero garantizado para los próximos meses. Citó el ejemplo de la distribuidora Cargill en Caracas, que “en catorce días de inventario ha manejado 27 mil toneladas, aparte de las otras empresas distribuidoras que existen. Deben haber distribuido en ese período por lo menos quince mil toneladas. Lo importante es que no solamente tocamos la panaderías sino la estructura de distribución completa, ya que venimos con un trabajo sistemático, ya sea en importación, procesamiento o distribución”.
Recalcó que las ocho molineras existentes distribuían a través de veinte empresas a las diez mil quinientas panaderías de todo el país: “Solo distribuían en trece estados. Es decir, los otros once no tenían mecanismos directos para recibir el trigo panadero, sino indirectos. En mesa de trabajo se decidió pasar de estas veinte distrbuidoras a 73, incorporando las empresas de las gobernaciones y Pdval en un mecanismo de descentralización de esta distribución”.
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