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19.Nov.2018 / 10:36 am / Haga un comentario

Foto: Misión Verdad

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La agencia de noticias Reuters publicó recientemente un reportaje sobre el Carnet de la Patria, mecanismo implementado por el gobierno venezolano para sortear las medidas coercitivas contra el país y proteger socialmente a la población, dándole un enfoque negativo al relacionarlo con una medida de “control social” amparada por tecnología china.

El periodista encargado de la investigación, Angus Berwik, afirma que el carnet es utilizado para acceder a información estratégica de la población y así chantajear económica y políticamente a los ciudadanos que están inscritos en él.

Además de arremeter contra la herramienta, el reportaje se encarga de relatar las relaciones comerciales entre Venezuela y China a través de acuerdos que la empresa estatal CANTV y la proveedora global de servicios en telecomunicaciones ZTE, están ejecutando en el área de transferencia tecnológica. La lectura induce a concluir que la exportación de estos conocimientos ayuda al Ejecutivo nacional a “rastrear, premiar y castigar a los ciudadanos”.

La fuente principal de estos datos es el abogado Anthony Daquin, ex asesor del Ministerio del Interior durante el gobierno de Hugo Chávez y que formó parte de una delegación de esa institución que viajó en el año 2008 a Shenzhen (China) como parte de las acciones en búsqueda de modernizar el servicio de identificación venezolano.

Daquin, quien ahora reside en Estados Unidos, se dedica desde el año 2011 a denunciar, en medios vinculados al lobby antivenezolano de Miami, la supuesta conspiración que conecta a Venezuela con China y Cuba para manejar información privada sensible de cada uno de los habitantes del país y así reforzar el autoritarismo nacional.

Más allá del uso de este personaje, el reporte especial difundido por Reuters no hace más que distorsionar los avances que el país desarrolla en materia tecnológica y que, en medio del asedio financiero, han servido para blindar las misiones sociales digitalizando el proceso de distribución de beneficios y transfiriendo una enorme base de datos al servicio de la población en general.

En este sentido, la protección social es vista como un acto de extorsión del presidente Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. El texto publicado se nutre de informaciones falsas o incompletas que respaldan esta idea, como por ejemplo la aseveración de que los jubilados están obligados a usarla para poder recibir su pensión o la omisión de que el uso del carnet no es obligatorio y que los 18 millones de carnetizados se han inscrito voluntariamente.

Una de las utilidades del carnet, que también se atacó, fue la de organizar políticamente a la población chavista y debilitar a las fuerzas opositoras en las elecciones del año 2017 y 2018. Se excluye de la investigación que la política del Estado sirvió de cohesionador en un momento de alta violencia social y política, revirtiendo las tendencias de anarquía destructiva inducida desde el extranjero, pero corrobora la eficacia en las victorias electorales al intentar deformar su instrumentalización electoral.

El objetivo es darle recursos a la narrativa de control social y vigilancia ciudadana que justifique una acometida al Carnet de la Patria, confirmando así la significativa tarea que cumple en función de ayudar a esquivar los efectos del caos económico implementado por el bloqueo financiero internacional que dirige el gobierno de los Estados Unidos en Venezuela.

Ya en una ocasión reciente, otro trabajo periodístico con relación al programa de distribución de alimentos CLAP, funcional al decomiso de cajas de comidas y congelamiento de pagos e importaciones, fue premiado por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) y celebrado por la embajada estadounidense en Venezuela

De esta manera, intentan abultar el expediente de injerencia contra el país, material que luego es esgrimido por figuras políticas del antichavismo internacional con el propósito de criminalizar toda acción del Estado que sortee creativamente las sanciones financieras.

Ejemplo de ello es la inmediata respuesta que tuvo el reportaje por parte del senador republicano Marco Rubio, quien mediante su cuenta personal de Twitter atacó las relaciones bilaterales chino-venezolanas, condenando de este modo no solo los acuerdos financieros sino las acciones para fortalecer la seguridad nacional.

Un tema añadido al repertorio mediático que incluye las cajas CLAP, el Arco Minero, el desarrollo del Petro como criptomoneda nacional, al que periodistas internacionales acuden para recibir recompensas de Estados Unidos.

ZTE y los nexos con el conflicto comercial EEUU-China

La agresión al papel de la empresa ZTE, el cuarto mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones, en la optimización tecnológica de los datos que recopila el Carnet de la Patria, tiene un marco global en la guerra comercial de Estados Unidos y China, donde Venezuela es una pieza fundamental que el capital financiero estadounidense utiliza para evitar la profundización del peso económico chino en el mercado latinoamericano.

A mediados de abril de 2018, la Comisión Federal de Comunicaciones vetó a este proveedor de tecnología al considerarlo un riesgo para la Seguridad Nacional. Además, le prohibió el uso de componentes estadounidenses por no respetar las sanciones contra Irán y Corea del Norte.

Esta intensificación entre potencias globales por la supremacía tecnológica menguó brevemente semanas después, al establecerse un acuerdoentre ambos gobiernos que relajó los límites establecidos a la inversión china. El viraje, permitido por la Administración Trump, fue bloqueado por el Senado estadounidense que ratificó la prohibición de compras o alquileres de material fabricado por ZTE.

La restricción a la empresa tecnológica china está justificada en acusaciones de espionaje, pero tiene su verdadero origen en el incremento de inversiones que el gigante asiático dirige al sector de las innovaciones tecnológicas y su política de cooperación científica que permite la transferencia de conocimientos con otras naciones a través de convenios bilaterales.

En este sentido, el principio de reciprocidad justa establecido con Venezuela y ratificado en la última gira del presidente Nicolás Maduro a China con la firma de 28 nuevos convenios (entre los que se encuentra el acuerdo entre la empresa ZTE y CANTV sobre la II Fase del sistema Pago Electrónico y la Ampliación de las Redes) es uno de los factores inquietantes para funcionarios de Washington que mantienen con mucha dificultad el mito del triunfo en la guerra comercial, atribuidas a las medidas unilaterales proteccionistas contrarias a su propia naturaleza globalista.

El autoritarismo lo hallarás en el capitalismo informacional

Nuevamente, no hay que desestimar la cobertura internacional que los medios corporativos le dan a las políticas del Estado venezolano para materializar instrumentos que asignen directamente atenuantes a estratos sociales más vulnerables a las sanciones económicas.

Sin embargo, hay que darle su justa traducción: el recurso del “control social” como narrativa de demonización del Carnet de la Patria, en una era donde nadie ignora que la privacidad individual fue devorada por el Internet y las redes sociales, expone el agotamiento de evidencias que justifiquen la afrenta contra el país.

El capitalismo utiliza las inmensas cantidades de información global acumuladas en la Big Data para programar el consumo cultural de la población en cuestión de segundos. Las firmas tecnológicas de Sillicon Valley, con Google y Facebook a la cabeza, acumulan conocimientos de hábitos personales, conductas e intereses de los usuarios que interactúan en las redes de Internet, los procesan y venden para maximizar ganancias.

También la política tradicional migró hacia las plataformas digitales para ganar candidaturas con la asesoría de compañías que procesan datos en beneficio de campañas electorales como Cambridge Analytica.

Trasladar estas consideraciones al ámbito nacional ridiculiza la denuncia de autoritarismo y vigilancia en una herramienta desarrollada por el gobierno venezolano, que recopila datos para caracterizar a su población y así orientar políticas sociales que se ajusten a los perfiles de cada ciudadano, muy lejos de la orientación neoliberal que tiene el manejo de la información entre las empresas multinacionales.

Aunque en lo inmediato el manejo de datos sobre los habitantes del país correspondiente a composición familiar, situación laboral, de salud y transporte, por mencionar algunos, en manos del Estado y la capacidad de procesarlos para integrarlos a los programas correspondientes (asignación del bono Hogares de la Patria, entrega de pensiones, inserción laboral, adjudicación de medicamentos, monitoreo de la distribución de cajas CLAP), proporciona un aliento en las turbulentas intenciones del mercado global que aplica a economías que no se alinean a sus intereses para socavarlas, al mediano y largo plazo tiene el potencial de ser una plataforma para desarrollar estrategias nacionales que desafíen la dedicación exclusiva del Internet a generar ingresos a unas pocas corporaciones mediante la dictadura de la información.

Misión Verdad

 

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