«La Paz, la justicia tarda, pero llega’, reza un viejo aforismo cuya sentencia asumieron con certeza, esperanza y mucha fe las víctimas del golpe de Estado que el 10 de noviembre de 2019 derrocó al gobierno legítimo de Evo Morales Ayma en Bolivia.

¿Qué pasó para que las víctimas del golpe vislumbren un hálito de luz en busca de justicia para sus seres queridos masacrados por un régimen de facto?

La citación del cabecilla de la asonada, el exdirigente cívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien comparecerá el 7 de octubre en La Paz ante una comisión de fiscales en el caso denominado Golpe de Estado.

En octubre de 2014, Morales fue electo para el periodo 2015-2020 por el 61,36 por ciento de los votos en las urnas, un mayoritario apoyo popular que le otorgó al Movimiento al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) más de dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Vale decir, Evo Morales gobernaba con una legitimidad que ningún gobierno gozó en la historia boliviana. Pese a ello, los detractores acuñaron el epíteto de ‘dictadura’ para desacreditar su gestión gubernamental.

El 10 de noviembre de 2019, Morales se vio obligado a renunciar a su cargo en medio de violentas manifestaciones callejeras financiadas por sectores de extrema derecha, ultraconservadores, ultrarreligiosos y racistas.

Estaban espoleados por la narrativa de un ‘monumental fraude’ a favor del MAS en los comicios del 20 de octubre de ese año, un motín policial y la ‘sugerencia’ del Alto Mando Militar para que dimitiera a la Presidencia del Estado.

Sin embargo, informes internacionales de expertos independientes del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), de la Universidad de Michigan (EEUU), del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), un think tank de varias universidades de Europa.

Y también del diario estadounidense The Washington Post y de la Universidad de Salamanca (España) demolieron la narrativa del ‘monumental fraude’ que fue apadrinado por la Organización de Estados Americanos (OEA) de Luis Almagro, su secretario general.

La citación para que Camacho explique, en calidad de sindicado, su participación en un golpe de Estado que instaló en Palacio Quemado a un régimen ilegítimo, corrupto y patibulario, apunta a la búsqueda de la justicia para las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y El Pedregal.

Estas matanzas fueron perpetradas bajo la administración de la autoproclamada Jeanine Áñez, hoy con detención preventiva por dos de los 75 procesos legales que enfrenta.

TERRORISMO, SEDICIÓN Y CONSPIRACIÓN

La demanda penal presentada en contra de Camacho y otros por la exdiputada Lidia Patty (MAS), acusa al gobernador de Santa Cruz por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

El Ministerio Público también citará a declarar al padre de Luis Fernando Camacho, José Luis Camacho; a Jorge Quiroga, vinculado a la CIA y operador político de la asonada; a Samuel Doria Medina, empresario denunciado como el mayor evasor de impuestos del país (estos dos últimos en calidad de testigos).

Y además a Williams Kalimán y Yuri Calderón que comandaban las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, respectivamente.

Otro de los actores en primera línea del golpe de Estado, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), quien en 2019 no aceptó su derrota electoral y sin prueba alguna lanzó la narrativa del ‘monumental fraude’, ya se presentó ante la comisión de fiscales, pero se acogió a su derecho al silencio que prescribe la normativa jurídica boliviana.

Empero, ante el avance del proceso legal, los implicados en el golpe de Estado -autores, cómplices y/o encubridores- que dejó un saldo de 38 muertos, un tendal de heridos de bala y más de mil 500 personas ilegalmente encarceladas, procuran que sus delitos queden impunes.

Para ello rearticularon al movimiento ‘cívico’ golpista que, con la mira puesta en abortar el procesamiento penal de sus jefes, llamó a un ‘paro nacional’ para el venidero 10 de octubre.

El 17 de agosto último el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), conformado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un lapidario informe sobre la violenta interrupción del proceso democrático boliviano en noviembre de 2019.

CONCLUSIÓN DE EXPERTOS

Los expertos concluyeron que en esos aciagos días, no sólo hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de policías y militares, sino graves violaciones de los derechos humanos, masacres, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, persecución política y una fuerte violencia social de carácter racista y misógino.

No obstante, los ‘cívicos´ en su afán de que los actores del golpe de Estado eludan la acción de la justicia, enarbolaron -otra vez- la desteñida bandera de la ‘defensa de la democracia’.

‘Por la unidad y defensa de la libertad y la democracia en contra de la ‘dictadura’ masista’, sostienen. Insólito. Tildan de ‘dictadura’ a un gobierno legítimo, fruto del 55.11 por ciento de apoyo popular expresado en las urnas el 18 de octubre de 2020.

También elucubraron una imaginaria ‘persecución’ política ‘a líderes cívicos, policías, militares (…) y a todos quienes defendieron la vida y democracia’ en 2019. Tras esta vil afirmación debemos preguntar: ¿se defiende la democracia con la quema de cortes departamentales electorales y de viviendas de funcionarios del gobierno del MAS-IPSP?

¿Se defiende la democracia con ejecuciones sumarias, masacres, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, persecución política y con violencia social de carácter racista y misógino? El impudor en su máxima expresión.

Es inaceptable que los negacionistas del golpe de Estado, de las masacres y ejecuciones sumarias cometidas por el régimen de facto de Áñez presionen a la institucionalidad democrática boliviana para que los autores de delitos de lesa humanidad queden impunes y no sean procesados como manda la ley.

De todos modos, las víctimas del golpe de Estado confían en que finalmente se impondrá la justicia verdadera, aquella que derrumba barreras y chicanas jurídicas, que no toma en cuenta si los acusados son pobres o ricos que alardean de su abultada billetera y de su poder económico capaz de comprar conciencias, incluso de jueces y fiscales.

Por eso resulta vital que avancen las investigaciones sobre la violencia desatada desde el Estado en noviembre de 2019. Es preciso que las masacres y ejecuciones sumarias sean esclarecidas, que los acusados rindan cuentas de sus actos ante un tribunal jurisdiccional, y la institucionalidad democrática castigue a los culpables y exima a los inocentes.

Sólo así se hallará la verdad, se hará justicia con las víctimas y se reparará el daño infringido a sus familias.

Prensa Latina