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Prensa PSUV.-La fiscal 11 con competencia nacional, Katiuska Plaza, introdujo este jueves en los tribunales de Maracaibo el escrito acusatorio contra el ex gobernador del Zulia Manuel Rosales por el delito de enriquecimiento ilícito, a la par que se solicitó dictar una medida privativa de libertad.
A su salida del Palacio de Justicia de Maracaibo, la representante del Ministerio Público explicó que la presentación del acto conclusivo, que consta de 26 piezas, refiere el delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en el artículo 73 de la Ley contra la Corrupción, en concordancia con el artículo 46 en sus numerales I y II.
Tras la consignación del escrito en la jurisdicción zuliana, el caso será conocido por el Tribunal Sexto en funciones del control del Zulia.
Esta instancia convocará a las partes a una audiencia preliminar en un lapso de entre 10 y 20 días, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal (Copp), momento en que en forma oral la Fiscalía pedirá que se ordene la medida cautelar.
Señaló que la medida se solicita en atención a que la magnitud del delito, sustentado con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, establece una pena de entre 3 y 10 años, de acuerdo con el referido artículo de la Ley contra la Corrupción.
En este sentido, el Copp prevé que la medida puede ser solicitada cuando se trata de un delito con penas mayores de cuatro años.
La imputación contra Rosales, efectuada el pasado 11 de diciembre de 2008, parte de un informe presentado por la Contraloría General de la República el 19 de julio de 2007, luego de una investigación realizada por esa institución, entre 2002 y 2004, a su declaración jurada de patrimonio.
Dicho informe, remitido al Ministerio Público el 14 de agosto de 2007, concluye que el entonces gobernador del estado Zulia registró fondos que no pudo justificar ante el órgano contralor.
Rosales, quien actualmente es alcalde de Maracaibo, adquirió tras la imputación los derechos contemplados en el artículo 125 del Copp, sobre el conocimiento de las actas que conformaron la investigación, así como la posible solicitud de diligencias y actuaciones que considerara pertinente realizar.
En diciembre pasado, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional determinó responsabilidad política para Rosales por irregularidades en la contratación de una operadora de la Lotería del Zulia.
Esta sanción política obedeció al conjunto de denuncias presentadas ante el Parlamento por los legisladores nacionales y regionales.
En dicho informe se desprendió el tráfico de influencia y concierto con intermediarios.
Entre otras denuncias que se presentaron contra Rosales el año pasado se menciona que cedió una concesión de más de 300 vehículos en condición de donaciones. Sin embargo, estos automóviles fueron utilizados para actividades privadas. Uno de los vehículos fue entregado al actual director de la Policía Regional, comisario Jesús Cubillán.
Por su parte, el diputado por el bloque zuliano Mario Isea precisó en su oportunidad que Rosales constituyó empresas en Miami, Estados Unidos, cuyos activos superan los 11 millones de dólares.
El pasado 29 de diciembre, Isea introdujo una nueva denuncia contra Rosales, esta vez en el Ministerio Público, por su supuesta vinculación con sobornos de la empresa Siemens para realizar obras en el Metro de Maracaibo, en la época en que era alcalde de Maracaibo.
En declaraciones efectuadas a la prensa el día de ayer en el Zulia, luego de conocer el escrito acusatorio, Rosales auspiciado por periodistas opositores quienes con sus acostumbradas preguntas buscaban manipular el hecho y colocarlo como victima, llamó abiertamente al golpe de estado y aprovecho la oportunidad para irrespetar nuevamente al Presidente Hugo Chávez y al poder judicial.