Opinión / Ramón Lobo
Por: Ramón Lobo
El comandante Chávez, fiel a lo ofertado en la campaña electoral, impulso y concreto el proceso constituyente, que dio inicio a la reforma, derogación y aprobación de leyes, con la finalidad de adecuarla a la nueva carta magna, donde destaca la búsqueda de una redistribución positiva de la renta nacional, en favor de los programas económicos y sociales.
En este sentido, por medio de la Ley Habilitante se aprobaron 49 Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, resaltando la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que incremento la alícuota de tributación y regalía de las actividades petroleras. Del mismo modo, fijó la participación mayoritaria del Estado en sociedades mixtas. Y, aprobó la Ley de Pesca y Recursos Acuíferos que beneficia a los pescadores artesanales e impone reglas precisas contra la pesca de arrastre; además de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que propone una distribución de las tierras ociosas, en favor del campesinado
Las leyes habilitantes causaron la ira del poder económico representado por sectores reflejados en Fedecámaras, Consecomercio y Fedenaga, así como de la CTV, la Conferencia Episcopal, y la Embajada de EE.UU. en Venezuela; quienes agrupados en la Coordinadora Democrática, decidieron unir esfuerzos y agotar todos los medios disponibles para frenar el avance de la Revolución Bolivariana.
Con el soporte de la mayoría de los medios de comunicación, comienzan un proceso de desinformación y descontextualización del contenido de las leyes recién aprobadas, con el objetivo de ganar adeptos a su causa, promoviendo un paro nacional, que combinaron con ataques sistemáticos donde fusionaron lo mediático, con lo psicológico; y lograron cristalizar un golpe de Estado, el 11 de abril de 2002.
Al consumarse la ruptura del hilo constitucional, el auto juramentado Presidente, Pedro Carmona Estanga, dictó un decreto que desconocía a la CRBV, destituyendo de sus cargos a las y los diputados principales y suplentes de la AN, al presidente y demás magistrados del TSJ; así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a quienes integraban el CNE.
Los golpistas impusieron la matriz de la renuncia del presidente Chávez, cuando realmente estaba secuestrado. Luego de horas sin conocer el paradero del Presidente, aunado a las declaraciones del Fiscal General, Isaías Rodríguez; y la aparición de una carta del comandante Chávez, desde su cautiverio en Turiamo, estado Aragua; el pueblo patriota se lanzó a las calles, exigiendo la presencia de su Presidente, inspirado en el escrito, el cual fue multiplicada de manera espontánea por un pueblo que se convirtió en comunicador:
Al pueblo venezolano (y a quien pueda interesar)
Yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro: no he renunciado al poder legítimo que el pueblo venezolano me dio.
!Para siempre!
Hugo Chávez Frías.
La movilización popular rompió el silencio informativo, expulsa a los golpistas y hace retornar -el 13 de abril de 2021- al comandante Chávez a Miraflores; cumpliendo la premisa señalada por Fabricio Ojeda: “Cuando un pueblo se propone vencer, ninguna fuerza puede detenerlo.” Fue una demostración de valentía y confianza en sí mismo, que abrió el camino para la organización popular con miras a profundizar la democracia participativa y defenderse de futuro eventos golpistas.
A veinte años de estos hechos, la Patria de Bolívar se mantiene firme ante los continuos ataques de la derecha nacional e internacional, quienes en el último lustro, posibilitaron mediante el bloqueo económico afectar la calidad de vida de la población, situación que ha comenzado a revertirse, gracias a la conducción sagaz del presidente Nicolás Maduro, la cual ha permitido ir sorteando las dificultades que generan las medidas coercitivas unilaterales, conocidas también como las “sanciones”.