Opinión / Ramón Lobo
La oposición venezolana y sus mentores en el extranjero han intentado un sin fin de operaciones para derrotar la Revolución Bolivariana desde su participación en procesos electorales, los cuales catalogan de fraudulento cuando no son favorecidos, pasando por campañas mediáticas sistemáticas, golpe de Estado y la locura del paro patronal, único en su género en el mundo.
Han sido 15 años de lucha constante donde podemos destacar, como una muestra, el avance significativo en el área social, logrando bajar la pobreza general de una cifra cercana al 60 % a menos del 20 %; asimismo, alfabetizamos más de 1.500.000 venezolanos, incorporamos a la Misión Ribas un universo de 1.000.000 de venezolanos e incrementamos la matrícula universitaria de 750.000 a 2.500.000 estudiantes. Pudiésemos agregar por ahora, el incremento de jubilados y pensionados por el seguro social de 370.000 a 2.600.000 beneficiarios con un sueldo homologado al salario mínimo y dos meses de aguinaldo. Estos datos son una muestra de la revolución social en marcha.
Ante la contundencia del avance revolucionario, la imposibilidad de asumir la conducción del país por la vía electoral y conociendo el estado de salud del Comandante Chávez, la oposición apeló nuevamente a sus jefes económicos, -estructuras oligopólicas que crecieron y se fortalecieron bajo la sombra y protección de los gobiernos de la IV República-, para intentar someter al pueblo por medio de la guerra económica.
Esto se ha expresado en la disminución de la capacidad de producción, acaparamiento y contrabando para restringir la oferta de bienes, así como, en la expoliación del salario del trabajador mediante altas tasas de ganancias que se traducen en actos especulativos. Todo lo anterior, calificado como ilícitos y delitos económicos expuestos en el artículo 114 de la CRBV.
Para enfrentar esta guerra económica con su inflación inducida, el presidente Maduro se puso al frente y diseñó la contra ofensiva económica, la cual en una primera fase se caracterizó por un proceso de fiscalización que pudo determinar ganancias hasta del 1000 %. En una segunda etapa, se modifica el esquema cambiario, aprueban recursos para desarrollar el plan de producción nacional Zamora 2014 y el plan especial de abastecimiento. En esta etapa se aprueba bajo el marco de la ley habilitante, la ley orgánica de precios justos.
En un tercer momento a la par de otras medidas, se ha asumido una lucha frontal en contra del contrabando de extracción y desvió interno de los bienes y productos hacia mercados informales que fijan precios muy por encima del establecido.
En este escenario, se desarrolla el III Congreso del PSUV donde se aprueban 32 decisiones que son implementadas de manera inmediata por el presidente Nicolás Maduro, particularmente la decisión número 14 conlleva al nombramiento de la Comisión Presidencial PSUV Gobierno contra la guerra económica, designando al camarada Andrés Eloy Méndez como coordinador de dicha comisión y superintendente nacional por la defensa de derechos socioeconómicos (SUNDDE).
En esta simbiosis, Partido-Gobierno, se propone la necesidad de focalizar la lucha y surge la iniciativa de los círculos de lucha por el abastecimiento y precios justos (CLAPJ), como unidades primarias, directas y conjunción cívico-militar que articule con el pueblo acciones para enfrentar la guerra económica, asi como, velar por el justo funcionamiento de las etapas del proceso productivo. Estos círculos abarcan territorios no superiores a 70.000 habitantes, lo que arroja un universo de 516 CLAPJ a nivel nacional, garantizando que cada municipio tenga al menos un círculo de lucha.
Los CLAPJ estará coordinado por un fiscal de la SUNDDE, un funcionario de las FANB, uno del cuerpo de inspectores de la presidencia y dos miembros por cada UBCH que tenga el círculo de lucha. Si partimos de las 13.651 UBCH del PSUV, en todo el territorio nacional podemos hablar que solamente por esta vía lograremos la incorporación directa de 27.302 inspectores populares que acompañaran la actuación gubernamental dentro del marco de la ley; sin contar los inspectores que puedan aportar los consejos comunales, comunas, movimientos sociales y partidos aliados.
Los CLAPJ expresan el punto de encuentro del Gobierno, FANB, PSUV y Pueblo organizado para la defensa de sus derechos y protección de la familia venezolana, vamos a incorporarnos partiendo de la máxima expresada en diversas ocasiones por el líder eterno: !Solo el Pueblo, Salva al Pueblo!
@RamonLoboPSUV
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