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Foto: Hoy Venezuela
El Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, agrupados en la Fundación Nacional de Protección a los Familiares y Víctimas contra el Sicariato Campesino y la Asociación de Víctimas del 11 de Abril de 2002, solicitaron a la Asamblea Nacional un derecho de palabra ante la plenaria para manifestar su posición acerca del proyecto de Ley de Amnistía, impulsada por la bancada de la oposición.
Este lunes 18 de enero, en compañía de un grupo de defensores de Derechos Humanos, consignaron un documento a la presidencia del Parlamento venezolano para “que sean escuchados ante la posible discusión y aprobación del proyecto de Ley de Amnistía”, expresó Asdrúbal González, coordinador de la Red Nacional de Derechos Humanos.
“No solamente se tratan de las víctimas de las guarimbas, sino de diferentes hechos punibles que se han cometido en Venezuela (…) Entre ellos están las víctimas del sector campesino, las víctimas del 11 de abril y una serie de situaciones que quebrantaron la paz en el país. Se estarían beneficiando alrededor de 5 mil personas, según cifras no oficiales”, expresó.
González indicó que, amparados en el artículo 211 de la Carta Magna, solicitan que sean escuchadas las víctimas y sean tomados en consideración cada uno de los planteamientos.
“Es ilógico que se le estén dando privilegios a las personas imputadas o responsables de estos hechos violentos que ocurrieron en el país y que las víctimas no sean escuchadas”, enfatizó.
Por su parte, William Alcalá, director general la Organización Internacional Venezolana de los Derechos Humanos, recordó que en 2014 “hubo 43 personas fallecidas, siete de ellas a causa de trampas con guayas. No cayeron del cielo”, apuntó.
“A esta nueva Asamblea se le olvidó algo. No se si es que no leyeron la Constitución o están haciendo una Ley a favor, porque el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice bien claro que estos señores no pueden gozar de este beneficio, ni indulto, ni amnistía”.
Expresó que de ser necesario también acudirán al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para manifestar su rechazo a la propuesta de Ley de Amnistía.
Yanet Fernández, denunció que en 2004 su padre fue asesinado durante una emboscada ocurrida en el asentamiento campesino donde residían ubicado en Río Negro, estado Zulia.
“Digo no a la Ley de Amnistía. Somos campesinos víctimas de sicariato y pido justicia. Si aprueban esa Ley serán vulnerados nuestros derechos”.
La polémica ley de indulto pretende liberar estos supuestos presos y perseguidos, imputados por delitos comunes, que en nada se relacionan con acciones políticas. Son ampliamente conocidos a través de la redes sociales donde reciben gran apoyo del público simpatizante de su tendencia política, no obstante los actos de los que se les acusa.
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