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17.May.2016 / 09:53 am / Haga un comentario

Larry Devoe

Foto: Captura de pantalla VTV

Representantes de Ecuador, Argentina, Bolivia, El Salvador, Colombia, Venezuela, así como de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) participarán este martes y miércoles en Caracas en el Encuentro Internacional Justicia, Reparación y Paz, en el cual el Estado venezolano ratificará su compromiso, que ha estado vigente en los últimos 17 años, en revolución, de establecer y desarrollar una política de protección de los Derechos Humanos (DDHH) y no permitir la impunidad.

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, ofreció la información este martes, en entrevista en el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión.

El encuentro se efectuará en la sala José Félix Ribas, del Teatro Teresa Carreño, y está organizado por el Ministerio para Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Derechos Humanos, a fin de analizar experiencias desarrolladas en todo el mundo en materia de DDHH, herramientas para la construcción de la memoria histórica y la reparación a las víctimas de conflictos de diverso origen.

Devoe hizo referencia a la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Atención a las Víctimas y la Paz, instalada por el Ejecutivo el 12 de abril pasado a fin de proponer medidas para reconocer, proteger y atender integralmente a las víctimas de la violencia política en el país.

El órgano nació luego que la oposición venezolana, con mayoría en el Parlamento, aprobara en marzo pasado una ley que pretende excarcelar a responsables de muertes violentas, ataques al patrimonio público y otros daños ocasionados con fines políticos, que fueron investigados, juzgados y condenados por el Poder Judicial de la nación desde 1999.

En la entrevista de este martes, Yolanda Galarza, de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, destacó la relevancia de concertar un trabajo conjunto en la búsqueda de la verdad y la protección de los DDHH.

Explicó que la reparación de la victimas es en referencia a que las personas, al ser violentadas, tuvieron también un cambio en su proyecto de vida, tanto física como psicológicamente, en la inclusión social, les fue negado su derecho al trabajo, a la salud, “y el Estado tiene la obligación de reparar esos daños otorgándoles atención prioritaria de acuerdo con los protocolos internacionales”.

AVN

 

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