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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad de carácter orgánico de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. Este instrumento fue previamente sancionado por la Asamblea Nacional (AN).
El máximo tribunal indicó que la normativa cumple con todos los requisitos legales y constitucionales exigidos para su entrada en vigor y despejó cualquier duda sobre su validez jurídica. El artículo 1 de esta ley establece como objetivo central definir una base normativa robusta que permita a la Administración Pública ejecutar de manera ágil y eficaz los mecanismos de optimización de gestiones.
El documento legislativo prevé disminuir drásticamente los plazos de tramitación y respuesta ante las solicitudes y peticiones realizadas por la ciudadanía. Los magistrados de la Sala Constitucional subrayaron que esta ley representa una respuesta estructural del legislador frente a una realidad histórica marcada por la excesiva burocratización, la dilación indebida y la ineficiencia operativa.
Esta ley permitirá la prontitud en la resolución de expedientes, la eliminación de pasos innecesarios en los procesos internos y la optimización de los recursos del Estado para mejorar el servicio al público.
Fuente: CiudadCCS