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Miles de empleados y antiguos trabajadores del sector público argentino se movilizaron este miércoles en Buenos Aires y otras ciudades en rechazo a los despidos masivos ordenados por el Gobierno del presidente de ultraderecha Javier Milei, que ya dejó cesantes a más de 11.000 personas.
Integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) intentaron ingresar a la sede del Ministerio del Trabajo y otras entidades gubernamentales para realizar tomas pacíficas, pero estas amanecieron custodiadas por fuerzas de seguridad resueltas a impedirles el paso.
Se reportó que trabajadores lograron ingresar a la sede del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el cual desaparecerá, según anunció el Gobierno de Milei semanas atrás. En todos los casos, se exigió renovación de los contratos y la reincorporación de quienes fueron cesanteados.
A través de X, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció: «Muy grave. Están llenando de policías las dependencias públicas. No hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero sí hay plata para reprimir».
La presencia de fuerzas de seguridad fue interpretada por los manifestantes como un intento de amedrentarlos y humillarlos, en especial luego de que muchos trabajadores recién se enteraron de que fueron cesanteados durante el receso de Semana Santa y no fueron oficialmente notificados al respecto.
Para dar constancia del megaoperativo policial y represivo contra los trabajadores, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró a una radioemisora local que dio indicaciones precisas de custodiar todos los edificios federales. Añadió que los trabajadores «no pueden usurpar algo que ya no tienen».
De acuerdo con medios locales, dirigentes gremiales al interior de la Confederación General del Trabajo (CGT) estarían valorando si organizar una gran marcha federal o un paro general contra la política de ajuste de Milei, iniciativa que podría concretarse a finales de abril o el Primero de Mayo, a propósito del Día Internacional de los Trabajadores.
La cifra de despedidos podría aumentar en las próximas semanas, pues como parte del ajuste se están revisando contratos de trabajo de cerca de 70.000 empleados del Estado.
Telesur