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El Gobierno de Venezuela está en todo el derecho de defenderse de los delitos que se cometen en la frontera con Colombia, donde desde hace varias semanas el Estado venezolano aplica medidas constitucionales para resguardar la paz y la seguridad en esta zona, señaló este miércoles del defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
En entrevista concedida a Telesur, el defensor explicó que ante la presencia de prácticas paramilitares y acciones como el contrabando de extracción, que desde hace algún tiempo se mantienen en el vecino país «Venezuela tiene derecho a defenderse de delitos que se cometen en la frontera».
Rechazó que tras la medida de cierre de esta zona y posteriormente la aplicación de Estado de excepción, el Gobierno de Colombia quiera impedir que Venezuela tenga mecanismos de defensa militares y judiciales para solventar la problamática.
«Estamos en una situación que tenemos que unirnos como pueblo, como institución y argumentar como lo está haciendo Venezuela, con los canales diplomáticos que no vamos a dejar de usar, con canales instituciones y el canal de respeto», dijo.
Respecto a la campaña de desprestigio contra Venezuela, enfatizó que Colombia tiene doble moral al tratar de mostrar que en este país se violan los Derechos Humanos. En contraste manifestó que los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del actual presidente, Juan Manuel Santos, sí tienen gran cantidad de denuncias por violaciones a derechos fundamentales del pueblo colombiano.
En Venezuela viven actualmente más de 5 millones 630 mil colombianos —quienes han sido incluidos en los diferentes programas sociales impulsado por el Gobierno bolivariana (alimentación, salud, educación, vivienda, empleo)— y más de 50% de esos ciudadanos se desplazaron a territorio venezolano durante los dos gobiernos del expresidente Uribe.
Después de un ataque a tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por parte de grupos paramilitares, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó cerrar la frontera con Colombia y aplicar Estado de excepción en varios municipios tachirenses. Tras esta medida, Venezuela ha sido víctima de una fuerte campaña mediática de odio promovida por sectores de la derecha nacional e internacional.
AVN