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Foto: @VTVCanal8
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informó este martes que en las zonas mineras aledañas a la ciudad de Tumeremo, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, se encuentra una comisión interinstitucional que investiga presuntos hechos punibles ocurridos el fin de semana pasado.
En transmisión de Venezolana de Televisión, desde Tumeremo, en compañía del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, y el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Guayana, Antonio Benavides, el defensor indicó que se trata de una «comisión del Estado venezolano de alto nivel», integrada por el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Defensoría del Pueblo.
Informó que este martes la comisión se reunió con los familiares de 11 ciudadanos presuntamente desaparecidos desde el fin de semana pasado y dos supuestos testigos presenciales. A raíz de estas conversaciones «la investigación en marcha, que no ha arrojado, por ser muy temprana, la detención de algún ciudadano», sí ha logrado identificar a los señalados por el presunto delito.
Hasta el momento las pesquisas no han arrojado evidencia de homicidios o desaparición forzosa de mineros, aunque existen indicios de enfrentamientos entre bandas armadas por el control de la minería en la zona.
La comisión interinstitucional significa, comentó William Saab, que tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Ciudadano y la Fanb tienen la «firme y clara intención de esclarecer la verdad de los hechos».
«Venezuela es un Estado garante de los Derechos Humanos, de las libertades públicas y la democracia, y que ocurriendo circunstancias como las que han denunciados familiares, a quienes hemos venido a acompañar sin que haya ningún tipo de sesgo político (…) jamás van a quedar en la impunidad», expresó.
Recalcó que lo más importante ha sido la rápida actuación del Estado venezolano, «de todas sus fuerzas civiles, institucionales y militares, que a diferencia de lo que pudo haber ocurrido en el pasado venezolano no tolera ni permitirá la impunidad», dijo al hacer referencia a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los gobiernos de la IV República, que no fueron investigadas.
Añadió que en el lugar se encuentran más de 500 funcionarios para investigar los hechos, y que se cuenta con apoyo logístico de helicópteros y carros especializados para lograr el resultado esperado, el esclarecimiento de los hechos.
AVN