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Foto: Referencial
Este lunes 03 de abril, como un hecho sin precedentes en la historia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), se celebró una sesión robando las funciones al país presidente (Bolivia) y vicepresidente (Haití) para discutir la situación de Venezuela. Se aprobó una resolución para instar al gobierno bolivariano a que se retome “el orden constitucional”.
De acuerdo al documento del organismo, aprobado con cuatro abstenciones, se indica que: “Las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y derogárselos a sí mismo son incompatibles con las prácticas democráticas y constituyen una violación del orden constitucional”.
En este sentido, uno de los puntos de la resolución establece que la OEA velará porque el gobierno venezolano garantice “la separación e independencia de los Poderes Públicos, y restaure las competencias de la Asamblea Nacional”, así como que apoyará “las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y del Estado de Derecho”.
Además, según el texto, el organismo deberá seguir de cerca la situación en Venezuela e iniciará gestiones diplomáticas adicionales para promover “la normalización de la institucionalidad democrática, en la medida que sea necesario”.
La declaración fue respaldada por 17 de los 21 países presentes en la Sala, con la abstención de cuatro de ellos: República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.
Sin embargo, la decisión del TSJ citada en la resolución, y que suscitó un impasse entre el máximo tribunal y la Fiscalía venezolana se solventó luego de la convocatoria al Consejo de Defensa de la Nación, por parte del presidente Nicolás Maduro. Allí, se le solicitó al TSJ revisar las sentencias, que finalmente fueron revocadas por el organismo judicial.
La resolución íntegra:
Reiterando los principios y recordando los mecanismos establecidos en la carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana para el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática en los estados miembros.
Reafirmando la promoción y protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales es comisión fundamental para la existencia de una sociedad democrática.
Reafirmando asimismo que la separación e independencia de los poderes públicos es uno de los elementos esenciales de la democracia representativa.
Expresando su profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y su apoyo continuo al diálogo y la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático, declara que:
Las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y derogárselos a sí mismo son incompatibles con las prácticas democráticas y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas decisiones, es esencial que el gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático.
Resuelve:
Urgir al gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional.
Mantenerse dispuesto a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y del Estado de Derecho en el marco constitucional de Venezuela.
Seguir ocupándose de la situación en Venezuela y emprender, en la medida que sea necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática de conformidad con la carta de la OEA y CDI, incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial.
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