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Foto: PSUV Mérida
Prensa / PSUV Mérida.- Para la dirigencia del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) en Mérida la sentencia dictada por los tribunales autónomos de la República en el caso del dirigente de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, quien en febrero del año pasado llamó de manera pública, notoria y comunicacional a sus seguidores a generar violencia en las calles venezolanas, buscando una “Salida” del Gobierno constitucional de Nicolás Maduro, está ajustada a derecho.
Manuel Rosario, secretario de organización del Partido por la Democracia Social (PODEMOS) en Mérida, aseveró que “Debemos tener presente que ese llamado a la “salida”, además de zozobra y miedo en la ciudadanía, generó la muerte de 43 venezolanos y casi 900 heridos, al igual que la destrucción de instalaciones educativas, hospitalarias y la red de infraestructura y patrimonio público nacional, eso no podía quedar impune”.
Asimismo, Rosario esgrimió que en el juicio a este ciudadano (López) se cumplió el debido proceso, con las garantías constitucionales y legales establecidas en las leyes venezolanas y en los acuerdos internacionales.
Llamado a clases en Paz
Por su parte, Arnoldo Márquez, vocero de REDES en la región andina, hizo un llamado a todo el sector estudiantil universitario y de educación media que hace vida en la entidad, al inicio del año escolar en un ambiente normal, tradicional y de manera pacífica, pero en alerta ante las pretensiones de la derecha disfrazada de demócrata, a generar disturbios en la ciudad.
“No estamos de acuerdo con la pretensión de las autoridades y gremios de la Universidad de Los Andes, de llamar a un paro indefinido, cuando el mismo Gobierno de Nicolás Maduro y el Estado venezolano, los ha recibido de manera abierta y franca para discutir prerrogativas legales de salarios y beneficios sociales que están definidos en sus contrataciones colectivas”, aseguró.
Reiteró Márquez que desde el GPPSB, repudian estas acciones que van en contra del estudiantado merideño, no es justo ni para el Pueblo, ni para con los derechos de los estudiantes, que la Universidad esté cerrada y al personal universitario se les cancele puntualmente sus salarios, dejando en la orfandad del conocimiento académico a más de 30 mil jóvenes.