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El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) aseguró hoy que uno de los logros más importantes del Acuerdo de Paz es que el pueblo colombiano tomó las calles para expresar sus desacuerdos y sus aspiraciones.
Sin duda es uno de los logros más importantes porque cada vez es más insostenible el discurso de la guerra que señala a manifestantes como enemigos del Estado, expresó esta fuerza política por medio de su cuenta en Twitter.
En los dos últimos años numerosas manifestaciones en contra de acciones del gobierno son recurrentes en esta nación suramericana, aunque también son reprimidas por la fuerza pública.
En noviembre del pasado año, la movilización social por el descontento de la ciudadanía frente a las políticas económicas, sociales y ambientales de la administración del presidente, Iván Duque, así como el manejo de los acuerdos de paz, contra el asesinato de líderes sociales (campesinos, indígenas y reinsertados exguerrilleros) y la corrupción dentro del gobierno colombiano, marcó un hito en este país.
El 23 de noviembre en el contexto de las protestas en Bogotá (aunque se extendieron a varias ciudades, el estudiante de bachillerato Dilan Cruz, de 18 años, fue asesinado por un proyectil disparado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Pero, otras movilizaciones como las realizadas este mes siguen expresando el malestar con el gobierno de Duque ante el incremento de las masacres, el mal manejo de la Covid-19, el incumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016, entre otros temas.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió recientemente un fallo contra el abuso policial y en defensa de la protesta social.
Entre otros puntos la CSJ ordenó la suspensión del uso de escopetas calibre 12 en protestas, ordenó a la a la Policía, la Fiscalía y la Defensoría diseñar y poner en práctica planes de apoyo a víctimas de abuso policial.
Además, indicó a las autoridades del país tener un control estricto del Esmad y ofrecer garantías e información a defensores de los derechos humanos.
El dictamen fue emitido tras evidenciar una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas.
Entre las medidas, dispuestas está la implementación de un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominará Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana.
Asimismo, insta a la neutralidad del Gobierno Nacional –incluida la no estigmatización de quienes protestan–, la conformación de una mesa de trabajo para reestructurar las directrices del uso de la fuerza.
La CSJ recordó que una de las obligaciones del Estado es proteger la libertad de expresión, de crítica y de opinión, aspectos que constituyen una conducta legítima de disenso social, siempre y cuando no se busque hacer propaganda por la guerra y el vandalismo, hacer apología del odio, del delito y, en general, de la violencia como forma de solucionar los problemas.
Prensa Latina