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29.Abr.2016 / 07:41 am / Haga un comentario

Foto: Prensa Presidencial

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El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró su llamado a la Asamblea Nacional (AN), con mayoría circunstancial de la derecha a respetar la Constitución y los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El jefe de Estado rechazó el nuevo intento del Parlamento de trabar la gestión del Ejecutivo Nacional , y calificó de nula su decisión de imponer un una moción de censura en contra del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres.

“(Henry) Ramos Allup me mandó una carta, donde me dice que aprobaron (en la AN) un voto de censura y que yo debo remover al ministro Marco Torres. Yo le digo a usted: esa decisión es írrita y nula, y como írrita y nula no existe. Le digo al señor Ramos Allup que al ministro no lo remueve nadie”, expresó en transmisión de Venezolana de Televisión durante un encuentro que sostuvo con trabajadores petroleros.

Señaló que esta acción constituye “un ataque contra la Misión Alimentación, contra los Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) y contra el inmenso, gigantesco y heroico esfuerzo que hacemos con la caída de los precios petroleros para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo”.

El Presidente alertó que esta decisión del parlamento al servicio de la oposición, “es una arremetida golpista, insensata y alocada”, por lo que afirmó que “a cada golpe que ellos intenten, se producirá un contragolpe constitucional, legal y revolucionario en la calle”.

Asimismo, informó que el Ejecutivo contempla la publicación de un decreto, en el marco de la emergencia económica, que permita dejar sin efecto y de forma constitucional cualquier tipo de sabotaje que emprenda el Parlamento contra cualquier ministro, institución u órgano del Poder Popular.

“Vamos a sacar un decreto especial de emergencia mañana mismo, porque no nos podemos calar un sabotaje”, manifestó.

La mayoría parlamentaria de la derecha se ha mostrado en desacato con respecto a dictámenes emitidos por el TSJ, entre los que figuran la necesidad de cumplir con la consulta popular a escala nacional de los proyectos de ley para que estos puedan ser llevados a segunda discusión en el legislativo; y la obligación de convocar las sesiones con 48 horas de anticipación, para garantizar la presencia y participación de los diputados que viven fuera de la capital del país.

AVN

 

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