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Este 4 de abril, se conmemora el Día Internacional de la sensibilización contra las Minas Antipersonas, establecida en diciembre de 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), con el propósito de alertar a los Estados y Gobiernos del mundo sobre la necesidad de combatir la problemática del uso indiscriminado de artefactos explosivos y minas individuales, manufacturadas industrialmente o en forma casera, como método de guerra o división de territorios.
En Colombia, esta práctica de sembrar explosivos en zonas estratégicas para atacar y destrozar a personas que crucen esos “campos minados”, ha dejado muchos muertos y lesionados graves, y en los últimos días se ha intentado exportar este método a Venezuela.
En el primer trimestre de 2018, hubo en Colombia 48 víctimas de estos artefactos. En el mismo período de 2019 subió a 81 personas afectadas por las minas antipersonas. En 2020, aumentó a 118 personas, según fuentes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
En todo el año 2020, las víctimas de artefactos explosivos en Colombia fue de 389, el número más alto de los últimos cuatro años, señaló la institución humanitaria.
El defensor de los Derechos Humanos en Colombia, Wilfredo Cañizares, advirtió que en 2021 continúa esta práctica y ya suman 21 las víctimas de minas antipersonas. Alertó que es “una tragedia de las que muy pocos hablan”.
Precisamente, la periodista de la televisora multinacional TeleSUR, Madelein García, publicó una serie de mensajes en sus cuentas de las redes sociales, dando cuenta de cómo los grupos irregulares armados colombianos que atacaron recientemente al estado Apure, usaron varias de estos mortales artefactos explosivos para matar, a la fecha, a cuatro efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
“Estas son las minas antipersonales fabricadas en el Ripial, que son colocadas en las orillas del camino sin importar que hay población civil. Esas fueron detonadas desde uno de los patios en el Ripial cuando iban pasando los tanques de la FANB, donde se produjeron 2 lamentables bajas”, informó, mostrando fotos de los rústicos pero peligrosos explosivos colombianos.
l Ripial fue el segundo pueblo liberado por la FANB, desalojando a los grupos irregulares colombianos. La investigación periodística de TeleSUR mostró el trabajo realizado por los militares venezolanos, que descubrieron cómo algunas viviendas eran usadas por los criminales para fabricar los cuestionados explosivos. “A las familias no les queda de otra que convivir con esa situación, otras son cómplices”, advierten los oficiales.
Y a través de los grupos de plataformas digitales y redes sociales, operadores mediáticos colombianos inventan fake-news para crear la percepción de que el ejército venezolano “está asesinando” a la población venezolana, cuando es exactamente al revés.
A través de la Operación Escudo Bolivariano 2021, la FANB está desplegada para defender a los pobladores, la soberanía territorial y la paz, además de despejar estas minas terrestres caseras y evitar que sigan causando daños a los venezolanos.
Obligaciones contra minas y explosivos
Las Naciones Unidas siguen promoviendo la universalización de los marcos jurídicos existentes y alentando a los Estados Miembros a proteger a la población de los flagelos de las minas terrestres y los restos explosivos de guerra.
Desde la aprobación de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, conocida comúnmente como Convención sobre la prohibición de minas antipersona, abierta a la firma en 1997, han ratificado esa convención o se han adherido a ella 164 países, cuyos Gobiernos han aceptado verse sujetos a las obligaciones impuestas por la Convención.
Venezuela y Colombia son parte de esta legislación internacional.
La amenaza narcoparamilitar de los grupos terroristas colombianos protegidos por el Gobierno de Iván Duque, amenaza a la población cívico-militar venezolana, que nunca ha sufrido de estos mortales artefactos, hasta ahora, cuando se intenta exportar la violencia cincuentenaria de Colombia a suelo y territorio bolivariano.
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