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En Chile, la Policía reprimió con cañones de agua varias manifestaciones en contra del presidente, Sebastián Piñera, a quien exigen su renuncia, luego que miles de personas fueron convocadas a un cacerolazo en las inmediaciones del Palacio de la Moneda, para reiterar sus reclamos contra el Ejecutivo .
Los participantes en la protesta demandaban la dimisión del mandatario a causa de su decisión de impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) una reforma que se discutirá el miércoles en el Senado para abordar el proyecto del segundo retiro del 10 por ciento del fondo de pensiones, reportó TeleSUR.
Además, varios parlamentarios de oposición solicitaron que se anticiparan las elecciones, debido la insostenible situación de la administración del Mandatario en medio de la crisis sanitaria y política que vive el país hace varios meses.
Los participantes en la protesta también exigen la libertad de cientos de personas, la mayoría jóvenes, que permanecen en prisión preventiva por su participación en las manifestaciones que siguieron al estallido social del 18 de octubre de 2019, aunque desde el Gobierno de Piñera se afirma que no existen tales presos.
Aunque en un comienzo varios grupos lograron llegar hasta la casa de gobierno para expresar su descontento con la gestión de Piñera, las personas fueron con rapidez dispersadas por las fuerzas policiales, las cuales comenzaron a utilizar sus tradicionales métodos de represión, como carros lanza-agua y bombas lacrimógenas.
Las protestas se extendieron a otras ciudades, como Antofagasta, en las cuales las personas también salieron a protestar contra el Gobierno de Piñera y su decisión con respecto al segundo retiro de fondos de las AFP, en un contexto en el cual la víspera, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió a la universalidad de esta medida como “un regalo del Estado”.
Ese proyecto beneficiaría a millones de personas al permitirle sacar una segunda partida del 10 por ciento de los ahorros que tienen depositados en las empresas aseguradoras de fondos de pensiones, pero el gobierno se opone con el alegato que es una “trampa” para violar el orden constitucional vigente.
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