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Foto: @YVKE_MUNDIAL
Miembros de movimientos sociales, entre jóvenes estudiantes, trabajadores, así como adultos mayores y demás militancia revolucionaria de varias partes del país comenzaron a concentrarse en la Plaza Morelos, sector Bellas Artes de Caracas, desde donde marcharán este jueves hacia el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, en rechazo a la ley de impunidad que aprobó la mayoría circunstancial de derecha en la Asamblea Nacional (AN).
A través de un contacto con Venezolana de Televisión desde dicha plaza, Ángel Caña, integrante de un movimiento social del estado Delta Amacuro, señaló que en su entidad realizaron una serie de asambleas populares para explicar a profundidad el contenido de lo que la derecha ha denominado Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, alertar sobre sus implicaciones, su inconstitucionalidad y a su vez recolectar firmas del poder popular en rechazo a la normativa.
Con ese instrumento la derecha pretende amnistiar a los responsables de los hechos terroristas de 2014 -que dejaron un saldo de 43 personas asesinadas y más de 800 heridas-, a los responsables de la violencia tras los comicios del 14 de abril de 2013, a los autores de los crímenes perpetrados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, los del sabotaje petrolero de 2002-2003 y otras situaciones que quebrantaron la paz en Venezuela.
Vicente Tomas, también de Delta Amaruco, destacó que recolectaron 10.000 rúbricas en contra de la ley, que consignarán este jueves al Ejecutivo, solicitarán que no se promulgue el instrumento y que se remita al Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad, «y así para evitar beneficiar a un grupo de criminales», expresó.
Berlis Torres, en representación de la juventud revolucionaria, recalcó que el país no necesita una ley que traiga más fatalidades y manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas de las acciones violentas perpetradas por la ultraderecha en los últimos años por su pretensión de asirse del poder político a la fuerza.
Familiares de las víctimas de la violencia política perpetrada por la ultraderecha en el país durante los últimos 16 años, así como los de las víctimas de la represión del período 1958-1998, por parte de los gobiernos neoliberales, se han mantenido unidas en un solo frente para pedir justicia y rechazar la ley, así como han propuesto crear una Comisión por la Justicia y la Verdad que revise cada uno de los casos y promover sus reparaciones.
AVN