Opinión / Noticias / Carolys Helena Pérez González
Foto: Archivo
Por Carolys Helena Pérez
En 1945, el filósofo austro-británico Karl Popper formuló una advertencia que no ha perdido vigencia: la tolerancia ilimitada puede destruirse a sí misma. En La sociedad abierta y sus enemigos, escrito tras el ascenso del fascismo europeo, sostuvo que si una sociedad tolerante no está dispuesta a defenderse de quienes promueven la intolerancia, terminará siendo arrasada por ella.
La paradoja no es retórica, por el contrario es histórica. Los regímenes totalitarios del siglo XX utilizaron los márgenes de libertad existentes para desmantelarlos desde dentro. Popper no proponía censura automática ni persecución de ideas incómodas. De hecho, subrayó que las posiciones intolerantes deben ser confrontadas primero con argumentos y debate público. El límite aparece cuando esas posiciones rechazan el diálogo racional y apelan a la violencia o a la negación de derechos fundamentales.
Esta discusión no es ajena a Venezuela. En una sociedad atravesada por conflictos políticos profundos, la apelación abstracta a la “tolerancia” puede convertirse en consigna vacía si no se define qué estamos dispuestos a proteger. ¿Debe tolerarse un discurso que promueve la exclusión de sectores populares? ¿Debe normalizarse la incitación al odio bajo el pretexto de la pluralidad?
El filósofo político John Rawls planteó que una sociedad justa puede tolerar a los intolerantes siempre que éstos no amenacen las libertades básicas de los demás. El derecho a la discrepancia no equivale al derecho a suprimir al otro. La línea es clara: la libertad de expresión no ampara la destrucción de la libertad misma.
También la sociología política ha advertido sobre dinámicas internas que erosionan proyectos emancipatorios. Robert Michels formuló en 1911 la “ley de hierro de las oligarquías”, señalando cómo incluso organizaciones nacidas con vocación democrática pueden concentrar poder y excluir voces críticas. La tolerancia, entonces, no es sólo un problema frente al adversario; también es un desafío interno.
Para quienes defendemos procesos de transformación social, la pregunta no es si debemos ser tolerantes, sino cómo evitar que la tolerancia se convierta en ingenuidad política. Defender la convivencia implica trazar límites normativos claros frente a discursos que promueven persecución, discriminación o violencia.
Tolerar a los que no toleran no es una virtud en sí misma. Puede ser, en determinadas condiciones, una forma de abdicar de la responsabilidad histórica. La democracia, sea liberal o participativa, no se sostiene sobre la neutralidad frente al odio, sino sobre la defensa activa de la dignidad humana y la igualdad política.
En nombre de la pluralidad, no todo vale. Y comprenderlo no nos hace menos democráticos; nos hace más conscientes de que la justicia social y la convivencia requieren, además de apertura, firmeza ética.
¡Venceremos, palabra de mujer!