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Por Irán Aguilera
El reciente informe del BCV muestra la recuperación real de la economía venezolana desde 2021, logro derivado del enorme sacrificio y esfuerzo propio de todo un país, que demuestra tener mucha fortaleza y capacidad de resiliencia en su tejido social y productivo.
Sin embargo, para ayudar a consolidar este avance, la actual lucha de las trabajadoras y trabajadores por sus verdaderos intereses debe tener una orientación clara, estratégica. Esta pasa necesariamente por exigir, en primer lugar, el levantamiento total de las sanciones criminales impuestas, de manera ilegal, por el Gobierno de Estados Unidos, pues solo quebrando tal bloqueo podremos potenciar ese esfuerzo que se viene imprimiendo, que permitirá apresurar el restablecimiento pleno del Estado de bienestar social logrado en la primera década de la Revolución Bolivariana.
Las llamadas sanciones contra las operaciones petroleras venezolanas frenan las posibilidades de una expansión más acelerada. El acceso restringido a los mercados financieros internacionales, las limitaciones para importar insumos claves y el acoso sistemático a nuestra industria principal impiden el despliegue total de la recuperación económica.
Es necesario tener memoria histórica. Hoy, viejos sindicaleros de la IV — aquellos que en el pasado vendieron las prestaciones sociales y practicaron un sindicalismo corrupto al servicio de la patronal— pretenden erigirse como supuestos defensores del salario, cuando son solo corifeos de la extrema derecha vendepatria. Exigen aumento salarial, pero lo hacen como títeres de los arquitectos del asedio, de los que promovieron la política agresiva de Washington para pulverizar el ingreso laboral. Son responsables directos de la brutal guerra económica con la que se buscó quebrar la voluntad soberana del pueblo, al instrumentalizar las penurias ocasionadas por ese sabotaje como un arma de guerra psicológica. Esta agenda de agresión alcanzó puntos críticos de criminalidad con el ataque militar contra la soberanía nacional del pasado 3 de enero, cuando se secuestró al presidente legítimo, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.
Nadie niega la necesidad de recuperar el ingreso. Es una realidad reconocida y priorizada por el Gobierno Bolivariano. Incluso en el peor momento del cerco, se implementaron fórmulas de resistencia, como los bonos de guerra indexados, para proteger al pueblo.
Hoy, gracias a la estabilidad lograda el panorama es distinto: la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha planteado una posibilidad real de recuperación gradual y sustentable del salario. Se viene trabajando intensamente para construir una propuesta viable y resistente a las presiones inflacionarias remanentes de la agresión económica. No será con demagogia ni por arte de magia, sino que será directamente proporcional al repunte de la producción petrolera y al crecimiento económico real.
Venezuela está de pie, no por concesiones externas, sino por el sudor de su gente; la ruta es clara: producir para vencer y recuperar la prosperidad sin hipotecar jamás la soberanía.
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