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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló este viernes que el asesinato de los nueve campesinos cocaleros en la localidad de Tumaco, Colombia, sucedió un contexto de «problemas estructurales» de derechos humanos, y tanto el esclarecimiento de los hechos como la aplicación de sanciones a los responsables son las tareas más urgentes a resolver.
«El análisis de la Oficina señala que las muertes de ayer se dan en un contexto de problemas estructurales de derechos humanos, sumados a la falta de implementación del Acuerdo de Paz, y a la urgente y necesaria solidaridad y acción de todos los sectores de la sociedad civil», dice un comunicado publicado en la página web del organismo.
En el documento, la oficina refiere que los acontecimientos violentos del pasado jueves en Tumaco —calificados como una masacre que, además, dejó un saldo de 18 personas heridas— sucedieron como resultado de un escenario en el que «falta la implementación del acuerdo de paz y urge la necesaria solidaridad y acción de todos los sectores de la sociedad civil».
La zona de Tumaco, donde se registran la producción de cultivos industriales vinculados al narcotráfico, sería uno de los municipios menos atendidos por el gobierno de Juan Manuel Santos, un argumento que se sustenta en «los altos niveles de pobreza, la presencia de economías ilícitas y la falta de implementación integral del acuerdo de paz en lo relacionado con el capítulo étnico, cultivos ilícitos, la lucha contra las organizaciones criminales y la reforma rural integral», agrega el comunicado.
El organismo también señala el ingreso de carteles armados vinculados al narcotráfico y factores disidentes de la guerrilla como parte de las complejidades que presenta la zona de Tumaco y que someten a sus habitantes a situaciones de riesgo y vulneración de los derechos fundamentales.
En 2016, se firmó un acuerdo en el Congreso de Colombia que establecía con urgencia «la protección a las personas más vulnerables que conviven en las zonas rurales del país», una orden cuyas acciones no estarían siendo cumplidas al pie de la letra, luego de los acontecimientos del pasado jueves.
Hasta ahora, el presidente Santos señaló como posibles actores a las «bandas delictivas» presentes en Tumaco, aunque la comunidad campesina de este municipio identificó como responsables a funcionarios del Ejército de Colombia y la Policía Nacional.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Farc han exigido al gobierno colombiano que se haga justicia en cada uno de los casos.
AVN