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El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, informó este viernes que desde el 22 de abril la Superintendencia Nacional de Precios Justos ha realizado 3.068 inspecciones y fiscalizaciones en todo el país, como parte de la segunda etapa de la Ofensiva Económica, que busca proteger el salario de los venezolanos contra la especulación, el acaparamiento y el contrabando de los productos.

En esta verificación ha sido fundamental la Ley Orgánica de Precios Justos, promulgada por el presidente Nicolás Maduro vía Habilitante «para enfrentar la guerra económica, para enfrentar la corrupción en las estructuras del Estado burgués ya en proceso de liquidación».

Así, se han establecido las bases para el nacimiento un nuevo Estado que le sea «útil, funcional a los ciudadanos», producto de la batalla que libró el comandante Hugo Chávez para la transformación del país y que ya da sus frutos en el ámbito económico, refirió Arreaza.

En ese proceso de transformación, detalló que las revisiones se han realizado en distintos sectores, siendo en su mayoría el área de alimentos. Añadió que el incumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos se acerca al 28%.

«Esas empresas, comercializadoras y distribuidoras están incumpliendo la Ley de Precios Justos y el 54% del total de ese incumplimiento es en el ámbito de los alimentos», mencionó Arreaza durante una transmisión conjunta con la superintendente nacional de Precios Justos, Andreína Tarazón, para referir los avances de esta nueva jornada de verificación sobre los procesos económicos en todo el país.

La mayoría de los delitos en los que incurren los distintos sectores son acaparamiento, especulación o contrabando, en este último la Operación Centinela ha decomisado en lo que va de año 161.2 toneladas de distintos alimentos de la cesta básica, además de otros rubros en la frontera con Colombia.

«Hemos incautado 161.2 toneladas de productos de la cesta básica; 16.017 toneladas en rubros agrícolas; 32 toneladas de productos y subproductos de origen animal y 40 toneladas de carne de res», detalló el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Vladimir Padrino López, en un contacto desde la sede del Comando del Destacamento de Frontera Número 11 de la FANB, ubicado en el municipio Bolívar en San Antonio del Táchira.

Señaló que en las dos semanas de la II Fase de Ofensiva Económica la Fanb está ejerciendo soberanía en todos los espacios geográficos del país, al acompañar a la Superintendencia de Precios Justos en todas las Zonas Operacionales de Defensa Integral.

De igual forma informó que se detectaron 951 toneladas de alimentos acaparados en la Distribuidora El Nonno C.A, en Barquisimeto, estado Lara, incurriendo así en los delitos de usura, especulación, ventas condicionadas, alteración fraudulenta del producto, venta de productos vencidos y boicot.

El jefe del Órgano Superior para la Economía, Hebert García Plaza, especificó que del total de productos encontrados, más de 60 toneladas era de carne y 129 de pollo.

«Esos rubros que encontramos acá están acaparados desde al año pasado, no se han distribuido, estamos hablando de más de 752 toneladas de productos que no salen de estos almacenes, y de las 60 toneladas de carne, 10 ya están en estado de descomposición».

El dueño de la importadora fue detenido y está a la orden del Ministerio Público. También se determinó la ocupación temporal de la empresa al menos por 90 días para determinar el alcance de estos delitos.

Frigorífico garantiza producción de alimentos

El ministro para Industrias, José David Cabello, destacó este viernes que el Frigorífico Industrial Turmero C. A., (Fitca), empresa privada ubicada en el estado Aragua, cumple con su responsabilidad al garantizar la producción de alimentos para el pueblo venezolano.

Fitca es un conglomerado de tres empresas que se encargan de la producción, comercialización y almacenaje de embutidos derivados de ganado vacuno y porcino, explicó Cabello.

Tras la evaluación, el ministro detalló que pudieron verificar «que esta es la empresa de mayor producción en volumen en todo el territorio nacional», que tiene la capacidad de procesar 800 reses diarias y 1.500 cerdos y se encarga de 70% de la distribución.

En la inspección detectaron problemas con la licencia de importación, entre otros nudos críticos, por lo que el próximo lunes se realizará una reunión en la misma empresa, con la participación de los ministerios para Industrias y para Alimentación, así como de la gobernación de Aragua, con el fin de «empezar a solucionar y a revisar».

700 tractores para finales de año

La planta Veneminsk Tractores C.A., ubicada en el complejo industrial Santa Inés, estado Barinas, tiene como meta fabricar 700 tractores y 1.856 camiones Mazven antes de finalizar este año 2014, informó el ministro para las Industrias, Yván Gil, durante una inspección realizada a dicha planta.

En un contacto con el vicepresidente Jorge Arreaza, el titular apuntó que actualmente en la planta hay alrededor de 75 tractores entre producidos y en línea de producción, «y a la fecha ya ha fabricado 1.422 tractores».

Gil destacó que en la empresa también están terminando la fábrica de equipos, maquinaria pesada y generadores eléctricos. «Los trabajadores se han comprometido a fabricar 603 equipos en un lapso de 12 meses», afirmó.

Asimismo, el ministro de Industrias informó que la demanda anual de tractores para impulsar el desarrollo del sector agrícola nacional se ubica en 8 mil unidades.

«El parque de tractores del país oscila entre 50 y 60 mil unidades, y necesitamos incorporar al menos unos 8 mil por año», expresó.

El ministro también anunció que en junio arribarán al país 110 brazos desbrozadores para tractores (TDK), que estarán a disposición de los productores en los establecimientos de la red de insumos agrícolas Agropatria, distribuidos en el territorio nacional.

39.627 empresas inscritas

Hasta la fecha, 39.627 empresas, personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas en el país se han inscrito en el registro único de la Superintendencia de Precios Justos, informó la superintendente Andreína Tarazón.

Tarazón señaló que este registro, que es obligatorio, permitirá al Estado estructurar un sistema de regulación y estabilización de precios, así como impulsar políticas para apoyar a los empresarios.

Al dirigir, junto a Tarazón, la jornada de la segunda fase de la ofensiva económica, el vicepresidente Arreaza invitó a todas las empresas, asociaciones y cooperativas a registrarse en este sistema.

AVN