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Foto: @TSJ_Venezuela
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Máikel Moreno, y el ministro para Relaciones Exteriores, Samuel Moncada, se reunieron este jueves con el cuerpo diplomático acreditado en el país para informales sobre los ataques terroristas perpetrados el martes contra la sede de esta institución y del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Moreno reiteró su repudio a estos hechos, que calificó de atroces, y reiteró que forman parte del plan golpista de sectores extremistas de la oposición.
«Esto nos nos va a amilanar. Esto se hace para amedrentar a nuestros compañeros magistrados, jueces y juezas de la República. Esto lo que hace es fortalecernos más, unirnos más para seguir decidiendo o tomar las decisiones que necesita el país para su estabilidad y democracia», expresó.
Moreno recorrió con los representantes diplomáticos las afueras de la sede del máximo tribunal para mostrar los daños ocasionados a la infraestructura.
Destacó la importancia de esta visita en tanto los diplomáticos pudieron constatar la veracidad de las denuncias que ha realizado el Gobierno.
«Para el TSJ es un placer recibirlos el día de hoy. El recorrido que hicimos es para que verificara el mundo lo que sucedió el día martes 27, cuando un grupo de personas muy pequeño llegó a cometer un acto tan atroz como es el terrorismo», acotó.
El jefe de seguridad del TSJ, Jean Carlos Stándford, explicó a los 70 diplomáticos que durante la agresión, ejecutada por Óscar Alberto Pérez desde un helicóptero, se lanzaron cuatro granadas, de las cuales tres estallaron y una falló.
«Esas granadas estaban dirigidas a un grupo de la Guardia Nacional Bolivariana que se encontraba a en las adyacencias del TSJ, y a escasos 30 metros aproximadamente estaba un centro de educación inicial, donde estudian hijos de trabajadores del Poder Judicial. Estos artefactos pudieron estallar en esa institución que alberga a niños en edades comprendidas entre seis meses y cinco años», detalló.
Este miércoles, las autoridades venezolanas activaron medidas de seguridad ante los ataques cometidos desde el helicóptero Airbus Volcom, modelo 105, siglas CICPC02, que fue sacado ilegalmente de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, en el este de la capital, por parte de Óscar Alberto Pérez.
Este hombre se valió de su condición de inspector adscrito a la División de Transporte Aéreo de la policía científica. Mantiene vínculos con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) y con el exministro Miguel Rodríguez Torres, también con contactos con la CIA.
Pérez sobrevoló la sede del Ministerio y efectuó 15 disparos, mientras allí se encontraban 80 personas que participaban en un acto en conmemoración del Día del Periodista.
Posteriormente, el helicóptero se dirigió al TSJ —donde sesionaban magistrados de la Sala Constitucional y un grupo de trabajadores permanecía en sus oficinas—, efectuó otros disparos y lanzó al menos cuatro granadas de origen colombiano y de fabricación israelí. Una de ellas no estalló y fue colectada.
El Gobierno denunció que estos hechos forman parte de una ofensiva insurreccional adelantada por factores extremistas de la derecha venezolana, con apoyo de gobiernos y poderes extranjeros, con la pretensión de derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Varios países han condenado estos ataques terroristas, entre ellos Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Palestina y Turquía, además de 17 naciones de África, así como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y distintos movimientos sociales latinoamericanos.