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El ministro del Poder Popular para Educación, Elías Jaua, instó este miércoles a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a que dé inicio a un proceso de averiguaciones que permita determinar las responsabilidades de políticos de la derecha, quienes han incurrido en la utilización de niños, niñas y adolescentes durante las protestas realizadas desde el mes de abril.
“Estamos ante graves delitos como es el uso de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de la violencia promovida por autoridades públicas (de derecha). Señora Fiscal, por qué usted no averigua, por qué no actúa, en vez de ponerse en campaña contra un mecanismo constitucional como lo es la Asamblea Nacional Constituyente”, expresó el funcionario durante su programa radial Encuentro Popular, que transmite YVKE Mundial.
Recordó que la jurisdicción venezolana sanciona con pena de prisión a aquellos ciudadanos que fomenten, alienten, e inciten a los niños, niñas y adolescentes para que participen en actividades ilícitas, violando así derechos fundamentales consagrados en la Constitución y la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA).
“Es un crimen de lesa humanidad, quien lo permita, quien lo promueva, pero también quien es indiferente contra eso y más si está investido de autoridad como es el caso del gobernador (de Miranda) Henrique Capriles, a quien lo hemos visto marchar con niños y él no hace nada; él está obligado a ponerlo bajo la protección del Estado”, expresó.
Precisó que la Fiscal está obligada constitucionalmente a tomar acciones para evitar la impunidad, y recordó que ella podría estar violando los derechos humanos al no ejercer sus funciones para imputar a los responsables.
“Usted (Fiscal) está obligada por la Constitución, y recuerden que en la doctrina de Derechos Humanos los funcionarios del Estado podemos cometer violación de derechos humanos por acción u omisión, y usted está en omisión ante el grave uso de niños en manifestaciones violentas”, puntualizó.
La LOPNNA, reformada en 2015, establece en su artículo 264 que aquel que “cometa un delito en concurrencia con un niño, niña o adolescente, o sea determinador o determinadora del delito, será penado o penada con prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años”.
En el caso de quien fomente, dirija, participe u obtenga algún lucro de la organización de grupos para delinquir que incluya a niños y adolescentes, cumplirá arresto entre 25 y 30 años. La misma pena aplica a quien reclute a menores de edad para integrar bandas delictivas.
Correo del Orinoco