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El Ministerio Público imputó a 5 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como a 4 privados de libertad y al director del Centro Penitenciario Los Llanos Occidentales, por los hechos violentos suscitados el pasado 01 de mayo que dejaron saldo de 47 privados de libertad fallecidos y 69 heridos, incluyendo a un funcionario apostado en este centro de reclusión ubicado en Guanare, estado Portuguesa.
La información la ofreció este miércoles el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien explicó que los hechos se originaron por la acción de un líder negativo conocido como “Olivo”, que inició una protesta en represalia por la captura, al momento de cometer actos delictivos, de un chofer que le prestaba servicios externamente.
Añadió que para la protesta promovida por este líder negativo, utilizó a la población penal como escudo humano y los llevó a intentar traspasar la cerca del centro penitenciario para un intento masivo de fuga que devino en la agresión al Director del penal.
Asimismo, dio a conocer que los funcionarios de la GNB no realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos, sino que emplearon el uso de armas de fuego, acción que provocó una respuesta armada también de algunos internos.
En ese sentido, Saab informó que los funcionarios militares implicados responden a los nombres de primer teniente Alberto Castro Malaguera; sargento primero Jesús Manuel Torres Parada; sargento mayor de tercera Jhonangel Rodríguez Escalona; sargento primero Jorge David Almeida Gudiño, y sargento primero Francisco José Rodríguez García, a quienes se les imputarán los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder.
Asimismo, se imputarán a los privados de libertad: Olivo Castillo Velásquez, líder negativo; Ronald Camacaro Angulo, Wilmer Romero Durán y Douglas Alberto Ramos Lucena, a quienes se les acusa de los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y tráfico de armas de fuego.
Adicionalmente y con base en la evidencia recabada, se decidió imputar al director del penal, Carlos Graterol, por ser cómplice necesario en el delito de introducción de armas de fuego en centros penitenciarios.
Recordó que como parte de la investigación fueron asignados dos fiscales, uno con competencia nacional en DDHH y un fiscal regional, quienes fueron apoyados por 5 fiscales adicionales, equipo de criminalística del Ministerio Público y equipos técnicos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Saab reiteró que como parte de las investigaciones se realizó la inspección técnica, recolección de proyectiles, levantamientos planimétricos, trayectoria balística, entre otras, que lograron identificar a los funcionarios que dispararon contra los privados de libertad.
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