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Como varias veces se ha señalado, la mampara narrativa y el pote de humo de los derechos humanos sirven para encausar, soportar y darle sentido político a los expedientes de Estado fallido contra Venezuela, al punto de que pueden abarcar desde la calificación de «asesinato» de El Picure por parte de la mediocracia venezolana, hasta la supuesta «represión» que significó la aplicación de un procolo de seguridad estandar regido por convenios internacionales en la última marcha de la oposición.

Precisamente es bajo este velo discursivo que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostiene que Venezuela continúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos e intimidando a los representantes de la oposición, sin por supuesto nombrar los dirigentes y activistas chavistas asesinados bajo sicariato político y la represión reciente de Polichacao contra los integrantes del Campamento de Pioneros del mismo municipio.

Los únicos derechos humanos válidos para Joe Biden son los de los operadores y políticos de la derecha venezolana. Por fuera de eso, es decir el chavismo, la violencia está permitida, apoyada y requiere de la máxima opacidad posible.

La declaración de Joe Biden no se da por sí sola ni por oficio de buena voluntad. Más bien se inserta dentro de una clara orquestación diplomática y mediática por intentar aislar a Venezuela, definida en los tres últimos editoriales contra el país de Bloomberg, The Wall Street Journal y The New York Times y acompañada por las declaraciones de la jefa de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien afirmó en una sesión especial del Parlamento Europeo sobre Venezuela: «El choque entre el gobierno y la Asamblea bloquea cualquier intento de solucionar la crisis y un impasse no puede frenar la violencia ni ralentizar la inflación»,

Pero no sólo Mogherini sostiene lo mismo que Biden respecto a la «restricción de las libertades civiles» en el país, sino que estas declaraciones vienen potenciadas por el protagonismo del vicepresidente de Estados Unidos en la primera Cumbre de Seguridad Energética en el Caribe, auspiciada también por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y realizada la semana pasada en la sede del poderío político estadounidense: Washington.

Por el simple nombre esta instancia diplomática no dice nada, pero en su breve historia se recuerda de inmediato que Barack Obama lanzó dicha iniciativa a días de la orden ejecutiva contra Venezuela, para buscar que los países del Caribe se abrieran a las llamadas «energías alternativas» (con sello de exportación norteamericano) para restar influencia a Petrocaribe: un objetivo fundamental del gobierno de Estados Unidos por expreso pedido de las corporaciones Chevron y Exxon Mobil en lo que consideran su lago interno, según los cables internos estadounidenses desclasificados por Wikileaks.

La intervención y la Asamblea Nacional

Conjugadas con estas maniobras de amplio espectro geopolítico y el golpe en Brasil, las declaraciones de Biden, cercano a intereses energéticos como el de Chevron Corp (la misma que financió la Ley de Sanciones contra Venezuela), apuntan a instalar la idea de que Venezuela está al borde de una crisis humanitaria, un colapso, y que su eventual implosión puede afectar la seguridad regional, por lo que se debe buscar una coalición multilateral que intervenga, tal como planteó el año pasado el think-tankfinanciado por George Soros, Internacional Crisis Group, que tiene en su nómina al ex jefe de la OTAN, Wesley Clark.

La Operación Venezuela Freedom-2 del Comando Sur de Estados Unidos reafirma que este escenario se está manejando como una posibilidad real en el mediano plazo.

Y mientras Ramón Aveledo está buscando el apoyo de Brasil para la intervención en su país mediante la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, Luis Florido en el Senado de Canadá junto a una delegación de diputados de la MUD, conformada por Freddy Guevara, Williams Dávila y Luis Emilio Rondón, sostiene que la «situación en Venezuela es la de una olla de presión sin válvula de escape» que puede explotar «y desestabilizar toda América Latina». Y completa el mismo Luis Florido: «La responsabilidad que tiene Canadá y todo el concierto de las naciones americanas es actuar en el marco multilateral y bilateral para presionar por salidas constitucionales en el país».

Sincronizada a la perfección con estas declaraciones, la representante de la política exterior de la Unión Europea indica que en Venezuela «hay un choque de poderes» y «pide salidas constitucionales a la crisis» en consonancia con Joe Biden, quien además señala que la Asamblea Nacional representa a la «diversidad de la visión política del país». Esta legitimimación declarativa de lo que plantease el Comando Sur sobre el «choque de poderes» y la utilización de la Asamblea Nacional como generador permanente de ingobernabilidad, se inserta dentro de la aprobación una moción de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) a que «respeten la Constitución», que garantiza la exportación del mensaje de «ruptura» del orden constitucional en Venezuela.

Como vemos, los diputados de la MUD están jugando al límite del desconocimiento del resto de los poderes constituidos en Venezuela y plantean, entre líneas, la aplicación de la Carta Democrática, contemplada únicamente cuando hay, precisamente, una ruptura del orden constitucional de un país miembro del organismo, como si fuesen un poder paralelo al mejor estilo de los gobiernos de mercenarios (o llamados de «transición» por los siempre interesados en intervenir) reconocidos por Estados Unidos y la Unión Europea en Libia y Siria.

Mientras se agudicen los frentes internos más agresivos de la guerra, resumidos en el alimentario, el farmacéutico y el irregular, más presiones vendrán del extranjero para arrinconar al chavismo y a sus legítimas autoridades. Y Brasil, específicamente, representa una aceleración de esa ofensiva. Pero esto no es Brasil, y ni Maduro ni Diosdado son Dilma; Biden y el Comando Sur lo saben.

Misión Verdad