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En sólo cuatro meses al frente de la nación argentina Mauricio Macri ha devaluado en un 40% la moneda nacional, ha triplicado las tarifas de servicios básicos y pactó con los fondos buitre el pago de una deuda que le costará a los argentinos 12.000 mil millones de dólares.
Nada de esto prometió Macri cuando se vendió en la campaña presidencial como el hombre que emprendería la «revolución de la alegría» en la que era posible construir «una Argentina con pobreza cero, donde todos podamos aspirar con un crédito a tener vivienda propia, a estar orgullosos por la educación pública. Vamos a hacer un sistema de tarifas justo para todo el país», decía.
Para Macri, «la herencia recibida» de su predecesora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) es el argumento perfecto para justificar un paquete neoliberal al mejor estilo de España, país que hasta noviembre de 2015 tenía 4,1 millones de personas sin empleo y un creciente movimiento ciudadano contrario al neoliberalismo como vía para superar coyunturas económicas.
Macri prometió durante la campaña mantener la relación entre el peso y el dólar para evitar un alza de los precios de los productos. «No creo que la devaluación sea la solución. La solución es bajar la inflación», comentó, en una de sus alocuciones, citada por el diario La Nación. Sin embargo, a tan sólo seis días de convertirse en jefe de Estado, ordenó la devaluación del 40% del la moneda local, trayendo consigo el aumento inmediato de la canasta básica argentina.
El actual presidente también aseguró a sus seguidores que garantizaría el derecho a la libertad de expresión en el país, pero en apenas un mes dentro de la Casa Rosada, sus funcionarios sacaron del aire el programa de crítica social 6-7-8, la emisora Nacional Rock; fue despedido el periodista Víctor Hugo Morales de la emisora Radio Continental y se ordenó el allanamiento a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), así como la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Lsca), todo esto para obtener el control del espectro comunicacional.
Incluso, recientemente, pidió desvincular a Argentina de la cadena Telesur, medida que impide que más del 80% de la población tenga acceso por señal abierta a realidades excluidas u ocultas por los grandes conglomerados comunicacionales.
El presidente argentino también se comprometió a reducir la pobreza en esta nación suramericana, no obstante, de acuerdo con un informe presentado por la Universidad Católica Argentina (UCA), el índice de pobreza en el territorio nacional se ubicó en un 34,5%, la cifra más alta registrada en los últimos siete años.
A dichas medidas neoliberales se suma la ola arbitraria de despidos efectuada por el Ejecutivo nacional que ha dejado a más de 100.000 trabajadores de los sectores público y privado en Argentina sin empleo en lo que va de 2016.
Además, el jefe de Estado aunque enarboló la bandera de la justicia y la verdad durante su campaña, luego de obtener la primera magistratura instruyó la disolución de varias instituciones que han investigado los crímenes ocurridos durante la más sangrienta dictadura militar de este país (1976-1983), como la Subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central de la República Argentina (Bcra), encargada de llevar algunos casos de delitos de lesa humanidad de dicho régimen.