Opinión / Noticias

Por Irán Aguilera
Resulta fundamental movilizarse activamente para garantizar una comunicación constante y eficaz que oriente a la población frente a las consecuencias del cambio climático —particularmente sobre los efectos del fenómeno Superniño— y sobre las acciones relativas al Sistema Eléctrico Nacional, tal como lo recomendó el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, con el propósito de mantenerla preparada, con conocimiento de causa, para afrontar con éxito esta particular coyuntura.
Igualmente, mientras atiende la contingencia derivada del doble terremoto, el Gobierno Bolivariano se dispone a afrontar las consecuencias del fenómeno Superniño mediante la prevención de incendios, la aplicación de medidas de mitigación, el seguimiento riguroso de los embalses y la preservación de las cuencas hídricas. Todo ello bajo la premisa de que el plan de ahorro en el servicio de agua y energía eléctrica se verá reforzado por la elevada conciencia ciudadana del pueblo venezolano.
Sin embargo, no se debe ignorar la causa estructural que ocasionó la crisis eléctrica en el país: la aplicación de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) ilegales. Tampoco cabe omitir la responsabilidad de los sectores políticos que las promovieron y solicitaron de manera confesa y notoria. Hoy, esos mismos actores tienen como bandera la denuncia, de forma cínica, de esa crisis provocada por ellos mismos, la cual sometió al Sistema Eléctrico Nacional a una desinversión milmillonaria, bloqueando incluso la importación de tecnología y repuestos esenciales.
Algunos datos escalofriantes evidencian la magnitud del daño a todo el país: la asfixia económica provocó una caída del 98 % en el ingreso de divisas, pasando de 39.639 millones de dólares en 2014 a tan solo 743 millones en 2020. Asimismo, las pérdidas en la producción petrolera estatal entre 2015 y 2022 superaron los 232.000 millones de dólares, afectando severamente la importación de insumos médicos, alimentos y repuestos para mantener la eficiencia de los servicios públicos —como es el caso del eléctrico—, además de lesionar el poder adquisitivo de las familias venezolanas.
Ante este complejo panorama, la respuesta ya está en marcha. Como informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a pesar de las afectaciones causadas en el sistema por el reciente duplete sísmico, la recuperación ha sido constante. Un ejemplo de ello es el estado La Guaira, donde el servicio se restableció en apenas una semana. Por su parte, en la planta termoeléctrica Termo Carabobo —cuya capacidad aportaba 600 megavatios al sistema— ya se han recuperado 300 megavatios y se avanza de forma progresiva en el resto. Además, el plan de generación termoeléctrica activado prevé incorporar 4.800 megavatios adicionales para finales de año, esfuerzo respaldado por los contratos ya suscritos con empresas como General Electric e IMPSA.
Así, en medio de las dificultades, Venezuela renace con fuerza y optimismo, en paz y con un Gobierno Bolivariano que, mediante paciencia estratégica y rumbo claro, marcha seguro hacia la victoria junto al pueblo.
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Barcelona / Edo. Anzoátegui