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La ley de amnistía que plantean promulgar los recién electos diputados de derecha cuando inicie el nuevo periodo legislativo de la Asamblea Nacional (AN) representa un violación directa a preceptos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Así lo explicó Edgar Márquez, vocero de la Asociación de Víctimas del 11 de Abril de 2002 (Asovic), durante una entrevista al programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión. «Esa ley que ellos quieren imponer no es una ley de amnistía, es una ley que se lleva por los cachos todo el estado jurídico», resaltó.
«¿Cómo vamos a darle amnistía, vamos a indultar o dar una medida de gracia a individuos que por Twitter, las 24 horas del día, vivían mandando mensajes subversivos? Individuos que nunca se cansaron de incitar a la violencia y fueron responsables de tantas muertes», agregó.
Esta ley de indulgencia, anunciada por los representantes de la bancada opositora, como Henry Ramos Allúp y Julio Borges, pretende dejar en libertad a procesados por violación de derechos humanos (DDHH), prófugos de la justicia y promotores de violencia, como Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, quienes han sido imputados por su responsabilidad en los actos de desestabilización para derrocar inconstitucionalmente al presidente Nicolás Maduro.
Este plan de golpe de Estado, liderado por los dirigentes de derecha, tuvo lugar entre 2013 y 2014, y dejó un saldo de 41 personas fallecidas y más de 800 heridos, producto de las llamadas guarimbas.
Al respecto, el abogado Cristóbal Cornieles explicó que si bien el artículo 187 de la Carta Magna, «en su numeral 5, confiere a la AN la potestad de decretar amnistías generales, esas amnistías deben ajustarse a los límites establecidos expresamente en la constitución, fundamentalmente, para resguardar los Derechos Humanos».
En este sentido, el artículo 29 de la Constitución Bolivariana «es muy claro, prohíbe amnistías cuando ocurren casos de violación de DDHH o delitos de lesa humanidad», tal es el caso de estos ciudadanos a los que pretenden indultar, comentó.
En respuesta a las declaraciones ofrecidas por Henry Ramos Allup este miércoles, sobre la facultad que tiene el parlamento nacional de firmar y promulgar la ley, Cornieles recordó que «la AN no es suprapoder que esta por encima de la Constitución o de los demás poderes».
«En Venezuela existe un Estado democrático y social de derecho de justicia, en donde todos los órganos del poder público, incluyendo la AN, se someten a los mandatos constitucionales», aseveró.
Asimismo, resaltó que el país cuenta con «una jurisdicción constitucional muy sólida y muy fuerte», ejercida de manera exclusiva por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), «es allí en donde se van a dirimir si esas leyes se ajustan o no a la constitución. Dudo que el TSJ vaya a aceptar una ley de amnistía que viole los DDHH del pueblo venezolano», enfatizó.
La mayoría opositora del parlamento recién electo iniciará la discusión para la promulgación de esta ley cuando comience su nuevo periodo legislativo el próximo 5 de enero.
AVN