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Ha transcurrido un mes desde el lanzamiento del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, cuyos objetivos, además de gobernar la economía frente a la toxicidad manifestada en dolarización, inflación inducida, precios exorbitantes y pulverización del poder adquisitivo de los trabajadores, plantea sentar las bases para una economía sana, próspera, diversificada y balanceada, sin sobresaltos que la contraigan o recalienten.
Ninguna sociedad prospera sin principios, reglas, normas claras, y organizaciones vigilantes del cumplimiento de estos: la fortaleza de una nación depende de la calidad de sus instituciones. Todos los pueblos que han forjado un destino colectivo, consistente y durable, poseían un sólido marco institucional, indispensable para su desarrollo; tal como Adam Smith afirmó: el comercio y la manufactura no pueden florecer en el largo plazo, si no disfrutan de buena administración de justicia, si la gente no tiene la ley.
Mientras exista un marco legal e institucional fuerte, su rigor minimiza la posibilidad de una economía criminal sumergida.Ante la ausencia de controles, crece la contaminación y el tobogán de desmoralización, canibalización e ilegalidad de la vida económica, causa de desestructuración de la sociedad y al final del Estado Nación.
No sólo el marco constitucional profundiza y consolida los aspectos y garantías humanistas de la economía, también debe generarse urgentemente un proceso instituyente que permita diseñar una institucionalidad orgánica y confiable, garantía de estabilidad y de prácticas sociales y mercantiles que propicien una ética de la prosperidad social.
Es indispensable detener la podredumbre de nuestra institucionalidad judicial; en caida libre sus detritus arrastran los pequeños emprendedores -humildes productores de panelas de papelón de Trujillo, por ejemplo-, en completo estado de indefensión, extorsionados por toda una red y su trama siniestra de corrupción liderada por quienes deben protegerlos, pasando por empresarios abusadores que fijan precios arbitrariamente, hasta llegar a los criminales que ilegalmente extraen millones de litros de combustible contrabandeados por nuestras fronteras con la complicidad de civiles y militares. Todos, absolutamente todos deben sentir la autoridad del Estado, sus regulaciones, reglas, normas, controles y deben castigarlos con rigor en beneficio y seguridad de la ciudadanía.
Ningún plan económico será viable y confiable sino recuperamos la institucionalidad: capturando y organizando toda la información relevante para determinar el valor potencial de los activos, entendidos estos como recursos, lo que permitirá ejercer un control efectivo, redundante en seguridad jurídica, económica y social.
MARIA ALEJANDRA DIAZ
Constituyente