Zulia, 20 de junio de 2026.- En el estado Zulia se instaló este sábado la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, durante un encuentro realizado en el auditorio del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Iclam), en la zona norte de Maracaibo. La jornada forma parte del proceso impulsado por el Gobierno Nacional para avanzar en una transformación profunda del sistema judicial penal del país.

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, destacó la trayectoria jurídica de la región y su aporte histórico al país. Señaló que “el Zulia es una cantera de excelentes y destacados abogados, y así se ha expresado en las últimas décadas en el Poder Judicial a nivel nacional”.

El dirigente también resaltó la importancia de reconocer la diversidad cultural y jurídica del estado, especialmente la de los pueblos originarios. Recordó que en el Zulia conviven cinco pueblos indígenas con sistemas propios de resolución de conflictos basados en usos y costumbres ancestrales.

El fiscal general de la República, Larry Devoe, explicó que la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal tiene dos grandes objetivos, el primero de ellos orientado a construir un diagnóstico compartido sobre el funcionamiento del sistema de justicia. “El objetivo principal de esta consulta inicial es construir un diagnóstico común, donde todos y todas podamos vernos reflejados, sin exclusión de ningún tipo”, dijo.

Devoe precisó que el segundo objetivo es avanzar hacia la formulación de una hoja de ruta común que permita transformar el sistema penal más allá de la crítica o la catarsis colectiva. “No es quedarnos en un ejercicio de señalar lo que está mal, sino también formular propuestas, ideas”, apuntó.

El Fiscal General recalcó que el llamado es a actuar como sistema y a ampliar la participación en esta fase de diagnóstico y construcción colectiva. “Tenemos que mirarnos como sistema y empezar a actuar como sistema”, afirmó, al asegurar que “tenemos las condiciones para hacerlo” y que existe la voluntad para avanzar en la transformación del sistema penal.

La defensora del pueblo, Eglée González, expresó que la jornada representa una tarea de gran trascendencia para el país, centrada en la humanización del sistema de justicia y en la revisión de sus desafíos estructurales.

Señaló que el proceso busca atender problemas como el retraso procesal, las dificultades de acceso igualitario a la justicia y las consecuencias del uso excesivo de medidas privativas de libertad, propias de una cultura de culpabilización. Aclaró que reconocer estas realidades “no significa debilitar a las instituciones”, sino dar el paso necesario para fortalecerlas y asumir “la oportunidad histórica para transformarnos como sociedad”.

El diputado y presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Arreaza, expuso que no se puede pretender que todos los conflictos cotidianos entre ciudadanos, familias o comunidades sean resueltos por el sistema de justicia penal venezolano.

El Legislador destacó que las desigualdades sociales se reflejan en el sistema penitenciario. Explicó que, aunque en las cárceles hay personas responsables de delitos graves, también es cierto que la mayoría de quienes enfrentan privación de libertad provienen de sectores populares. “Por lo general es un problema de clase; son los pobres, los más necesitados, los que están sometidos a las privaciones de libertad, los que no tienen para pagar una defensa privada”, señaló, y agregó que esta situación ha alimentado prácticas irregulares, al punto de que el Ejecutivo Nacional activó mecanismos como el 0800-Matraca.

La vocera indígena Keyla Marín, destacó el aporte de los pueblos originarios al proceso de reforma penal y la necesidad de que el Estado venezolano reconozca plenamente sus sistemas propios de justicia. Indicó que las comunidades indígenas presentaron un conjunto de propuestas que esperan ver incorporadas en el nuevo proyecto de transformación, entre ellas el reconocimiento del sistema de justicia indígena.

Subrayó que es importante “hacerle saber al Estado venezolano cómo es nuestro propio sistema de justicia”.

La abogada Dinsimar Meléndez, consejera de protección, manifestó que la humanización del sistema penitenciario debe orientarse a reducir las causas penales y descongestionar los centros de reclusión, mediante una atención jurídica directa a las personas privadas de libertad y una mayor participación popular y territorial. Detalló que este enfoque implica “transitar de un modelo estrictamente punitivo a un esquema constitucional enfocado en la reparación directa a la víctima y a la conveniencia”.

La estudiante de Derecho de la Universidad del Zulia, Danyely Rengifo, presentó dos propuestas orientadas a fortalecer un enfoque más justo y humano dentro del sistema penal. Señaló que uno de los planteamientos centrales es evitar que la pobreza sea criminalizada. Ahondó que el planteamiento incluye reformar el proceso penal para facilitar la aplicación de alternativas a la prisión, como el trabajo comunitario, la reeducación, la libertad condicional, mecanismos que permitirían respuestas restaurativas. Como segunda propuesta, planteó que el maltrato animal tenga un capítulo específico dentro del Código Penal, al señalar que este es uno de los temas que actualmente se debate en los espacios universitarios.