Foto: La Radio del Sur

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano firmaron este jueves el esperado acuerdo del cese al fuego bilateral y definitivo, un paso decisivo para poner fin a un conflicto interno de más de 50 años.

El acuerdo del cese al fuego no es el último paso del proceso paz colombiano, pero es el más importante porque las FARC-EP se comprometen a dejar las armas y convertirse en movimiento político.

El garante de Cuba, Rodolfo Benítez, leyó el comunicado conjunto número 76 con los puntos en los que se llegó a acuerdos: cese al fuego y dejación de armas; acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales incluyendo las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo; y acuerdo sobre refrendación.

El documento establece que una vez entre en vigencia el acuerdo a partir del primer día, “la Fuerza Pública reorganizará sus esquemas para que las FARC-EP puedan retornar y reorganizarse en 23 zonas”.

A partir del día cinco se “desplazarán a esas zonas siguiendo las rutas establecidos en el acuerdo”.

Serán 23 zonas verdes transitorias de normalización, que tienen como objetivo la dejación de armas y la reincorporación de la vida civil de los guerrilleros. Serán ocho campamentos, indicó el garante de Cuba.

Así mismo, las FARC-EP designarán a 60 integrantes –hombres y mujeres- que podrán moverse por diferentes zonas del país para dar cumplimiento a lo acordado.

“También designarán 10 personas que podrán moverse a nivel municipal en cumplimiento con tareas relacionadas con el acuerdo de paz”, incluye el acuerdo. Se garantizará a todos los subversivos medidas de seguridad.

“Alrededor de cada zona habrá una zona de seguridad donde solo habrá equipo de monitoreo. Será de un kilómetro a la redonda”, leyó Benítez.

Las delegaciones, en el acuerdo, pidieron al secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, agilizar la misión técnica que se encargará de verificar la dejación de armas.

Sobre la dejación de armas, el acuerdo anunciado fija que existirá solo un “punto de almacenamiento donde estarán los contenedores en los que estarán las armas. Siempre resguardadas por el mecanismo de monitoreo de la ONU”.

Al firmar el cese al fuego ambas partes se comprometen a contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política.

Además, asumen trabajar por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores apuesten por un ejercicio de la política en el que priven los valores de la democracia y el debate civilizado y no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas.

Se establecerá una hoja de ruta para que a más tardar a 180 días después de la firma del acuerdo final se haya terminado el proceso de dejación de las armas.

El objetivo del presente acuerdo es la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y el grupo insurgente.

Se crearán las condiciones para la implementación del acuerdo final y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación a la vida civil de las FARC-EP.

El mecanismo de monitoreo y verificación será tripartito y estará integrado por representantes del Gobierno colombiano, la fuerza pública, las FARC-EP y un componente internacional constituido por la Misión Política de observadores no armados de la ONU, integrada principalmente por observadores de los países miembros de la CELAC.

Esta Misión Política presidirá en todas las instancias el monitoreo y se encargará de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes.

Desde el día después de la firma del acuerdo formal la fuerza pública reorganizará las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC-EP a las zonas y para dar cumplimiento al acuerdo del cese al fuego.

Desde el día 54 las comisiones de los frentes de la insurgencia se desplazarán a las zonas siguiendo las rutas establecidas de común acuerdo.

Serán 23 zonas territoriales, temporales y transitorias y 87 campamentos. En cada una habrá equipos de monitoreo local, facilidades para el acceso y tendrán una extensión razonable con límites que correspondan a la vereda donde se ubican, los cuales podrán ser ampliados previo acuerdo.

La salida de combatientes de las FARC-EP de los campamentos se hará sin armas y de civil. En este punto, las partes acordaron el compromiso de que no haya ninguna limitación en el normal desenvolvimiento de la vida de las comunidades.

Las autoridades civiles no armadas permanecerán y continuarán ejerciendo sus funciones en las zonas.

En el hecho histórico participaron el mandatario colombiano Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez. También están presentes el presidente de Cuba, Raúl Castro y representantes de los países garantes.

Como “países acompañantes” estuvieron la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, diplomáticos de EE.UU. y la Unión Europea también presenciaron el evento.

Las cifras de la guerra

En 2012, el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó un informe titulado ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, en el que reflejaban el alcance y daño social que ha ocasionado el conflicto colombiano, el más duradero del mundo moderno.

Desde 1958 hasta 2012 la guerra en Colombia ha arrojado 218 mil fallecidos y 25 mil desaparecidos de manera forzosa; mientras que en asesinatos selectivos se cuentan unos 173 mil colombianos, la mayoría de ellos a manos de grupos paramilitares de la extrema derecha.

Estas bandas también ocupan el primer lugar en cuanto a masacres perpetradas con mil 156 víctimas. Otro drama que refleja este organismo público es de los desplazamientos violentos, que desde 1985 hasta la fecha de publicación del informe superaban los 10 millones de colombianos.

teleSUR