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La ley de impunidad que promueve la derecha en la Asamblea Nacional (AN) es un documento que, de aprobarse, generará más violencia en el país y dificultará el proceso de reconciliación que necesita Venezuela, explicó este jueves el abogado constitucionalista Hermann Escarrá.
La propuesta, aprobada en primera discusión, pretende dejar sin efectos las sanciones penales ante delitos la instigación al odio durante el golpe de Estado de 2002; zozobra generada a través de la difusión de informaciones falsas; obstaculización de vías públicas; daños a la propiedad, sistemas de transporte, servicios públicos, informáticos o de comunicación; fabricación y suministro de artefactos explosivos, y uso de menores de edad en la comisión de delitos.
«Esto va a generar más violencia, más decepción, más ruptura en los afectos y será cada vez más difícil el poder acercarnos al diálogo porque no hay manera de llegar a la paz, de llegar a la reconciliación si nosotros no dialogamos, si no nos reconocemos (…) Hay que pedirle perdón a las familias de las víctimas, hay dolerse de lo que allí ocurrió», expresó en una entrevista realizada en el programa La Política En El Diván, transmitido por Venezolana de Televisión.
En este sentido, indicó que el documento presentado por el partido Un Nuevo Tiempo en la AN y que exige la eliminación de los cargos judiciales imputados a personas que cometieron delitos desde el 1º de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia, no sugiere algún diálogo ni algún acto de conciliación.
«Llama la atención que esa ley se llame de reconciliación y uno revisa las normas finales y no hay nada que tenga que ver con la reconciliación, pero además, ni siquiera hay una enmienda, no hay petición de perdón, contrición (…) no solamente son lesiones a la propiedad, a la electricidad, al saboteo, a la insurrección armada, que se le perdonen los intentos de rebelión militar civil, es que tenemos muertos y lo menos que puedes hacer es condolerte y expresar el perdón», mencionó.
Asimismo, indicó que la propuesta es inconstitucional puesto que hay violación grave de los derechos humanos y de lesa humanidad en los los delitos perpetrados por quienes esta ley pretende exonerar. Además, señaló que el artículo 29 de la Constitución de la República establece que al cometer esos delitos «quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía».
A su vez, señaló que el presidente Nicolás Maduro posee facultades de ejercer objeciones constitucionales y así desarticular la ley. «El mecanismo es que cuando lo envían para el Ejecútese, el Presidente tiene un lapso breve donde hace las observaciones constitucionales y de inmediato envía (el texto) a la Sala Constitucional del TSJ para su pronunciamiento».
AVN