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El intento de generar fraude electoral por parte de sectores de derecha es un comportamiento que en reiteradas oportunidades se ha buscado imponer a través de la Asamblea Nacional (AN), donde partidos conservadores son mayoría, sostuvo este martes el jefe del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez.
Desde el Palacio Federal Legislativo, ubicado en el centro de Caracas, el parlamentario se refirió a las firmas fraudulentas detectadas durante el proceso de revisión para activar un la figura de referendo, así como a las irregularidades presentadas en el estado Amazonas durante las pasadas elecciones del 6 de diciembre.
«Es un comportamiento reiterado de la oposición intentar generar fraude electoral en el proceso político venezolano», dijo Rodríguez en transmisión de Venezolana de Televisión.
Agregó que la mayoría parlamentaria en la AN tiene intenciones de instaurar viejas prácticas de fraude electoral. «Lo hemos reiterado: ningún acto ilícito genera ningún tipo de derecho. Por lo tanto, no pueden los señores, que fueron candidatos en las elecciones del estado Amazonas, aspirar a tener derecho como diputados ya que se generaron delitos electorales en esas elecciones», manifestó.
También refirió que durante los primeros meses del año, la AN no ha hecho absolutamente nada para contribuir con el desarrollo del país y atender demandas del pueblo venezolano.
Este lunes, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica del acto de juramentación e incorporación como diputados a la AN de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, efectuado el pasado jueves 28 de julio por la Junta Directiva del Parlamento, a cargo de Henry Ramos Allup.
La decisión emitida este lunes por la Sala Electoral, dictada en ponencia conjunta, responde a la solicitud hecha por los diputados que integran el Bloque de la Patria a la AN, quienes solicitaron el viernes 29 al TSJ declarar la ilegalidad de los actos del Parlamento, que además constituye un desacato a la orden emitida por el máximo tribunal de la República, del 30 de diciembre de 2015.